El expresidente balear Jaume Matas ingresó en prisión el pasado 28 de julio, pero tras tres meses en la cárcel, pasará a tener como instalación penitenciaria de referencia el Centro de Inserción Social de Segovia. La decisión de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias de conceder a Matas el tercer grado se tomó en contra en del informe de la prisión coincidiendo con el clima de indignación social a cuenta de los innumerables casos de corrupción. A causa del revuelo causado, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, ha pedido este martes comparecer en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para explicar la concesión del tercer grado al expresidente balear, según han informado a Efe fuentes del Ministerio del Interior
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ya explicó que, según lo dispuesto en el Reglamento Penitenciario, Matas accedía al tercer grado tras cumplir más de un tercio de la condena de nueve meses que se le impuso por un delito de tráfico de influencias. Además, para esta nueva clasificación de grado, Prisiones explicó el viernes que se han tenido en cuenta otras circunstancias, como que se trata de la primera vez que Matas ha sido condenado, la escasa duración de la pena, el período que ha cumplido, la buena conducta observada en prisión, la presentación voluntaria en el centro y la posibilidad de realizar actividad laboral en el exterior.
La oposición se echa encima
Sin embargo, la decisión adoptada ha provocado duras críticas entre la oposición. PSOE, IU y UPyD han denunciado en el Congreso que el Gobierno "alimente" la sensación de impunidad de los corruptos que tiene la ciudadanía.
Desde el grupo socialista, su portavoz, Antonio Hernando, ha reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y, en alusión a las palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido que si este partido "no puede meter a los corruptos en la cárcel" que "al menos no los saque rápido, como ha hecho con Jaume Matas".
Para Hernando no se explica cómo "con la que está cayendo" el Ejecutivo ha adoptado esta decisión "política" en contra, además, del criterio técnico de la Junta de Tratamiento de la prisión de Segovia.
También IU ha exigido que Fernández Díaz dé cuenta en el Congreso de los motivos de este "escándalo", en palabras de su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, para quien la decisión demuestra que "el PP no hace todo lo que puede" contra la corrupción, sino que "con una mano hace una cosa y con la otra hace la contraria".
Desde UPyD consideran que el Gobierno tenía que tratar de "dar ejemplaridad" y haber mantenido en prisión a una persona con casi una docena de casos pendientes.
Con decisiones de este tipo se pone de relieve que no se tiene "ninguna voluntad" de luchar contra la corrupción, ha lamentado el número dos del partido, Carlos Martínez Gorriarán.
En la misma línea, se ha pronunciado el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, quien ve en el tercer grado al expresidente balear una "doble o triple vara de medir" aplicada por el Gobierno que "alardea" de su lucha contra la corrupción mientras que "con su gente es tremendamente complaciente".
