El presunto jefe de una organización criminal que, entre 2012 y 2019, obligó a al menos 16 mujeres de entre 18 y 22 años a grabar porno en condiciones extremas, ha rechazado este jueves ser extraditado a Estados Unidos. "Me acusan de cosas que ni siquiera he hecho", ha asegurado el reclamado en la vista de extradición que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, según recoge Europa Press. La Fiscalía, por su parte, ha solicitado al tribunal a que se proceda a su entrega a la potencia norteamericana.
En su turno de palabra, el acusado ha asegurado que tiene "todas las pruebas de que las chicas sabían perfectamente el trabajo que iban a desempeñar". "No entiendo que puedan decir que vinieron a hacer algo más", ha aseverado antes de ser interrumpido por la presidenta del tribunal. La magistrada Teresa Palacios ha pedido a la intérprete que no tradujese sus palabras al considerar que el reclamado se refería a hechos que exceden las competencias de este tribunal, que no puede entrar al fondo del asunto. Su defensa, que ha mostrado su "total y absoluta disconformidad con la solicitud de entrega", ha dejado claro que "no se puede decir que pertenece a una organización criminal". "Es el director general de una entidad dedicada a cine para adultos, pero es una entidad perfectamente legal en EEUU", ha apuntado. Así, ha explicado que "todos los contratos que se hacían con las personas que firmaban estaban amparados por un documento firmado por ambas partes", a pesar de que la reclamación de entrega traiga causa de una "reclamación de unas personas que habrían tenido una serie de perjuicios por la difusión de esas imágenes". En esta línea, su letrado ha instado a los magistrados a que consulten "en Wikipedia" acerca del sitio web, que "estuvo en funcionamiento hasta 2020, cuando por una sentencia de tipo civil y una serie de reclamaciones" tuvo que ser anulada. Asimismo, su representación ha señalado la posibilidad de que los hechos por lo que es reclamado puedan "estar eventualmente prescritos teniendo en cuenta la legislación norteamericana".
El Ministerio Fiscal, por su parte, ha asegurado que "no es cierto que los vídeos fueran para uso privado", puesto que se publicitaron y generaron unos beneficios de 17 millones de dólares. Además, la difusión de los mismos llevó a que "las familias de las mujeres conocieran los hechos". "Y por vergüenza perdieron sus trabajos, dejaron los estudios y algunas intentaron suicidarse", ha añadido.
Por último, la Fiscalía ha sostenido que no concurre causa juzgada ni prescripción. "No concurriendo causas de denegación, la Fiscalía interesa que se acceda a la entrega", ha apostillado la representante del Ministerio Público.
