El pago de Juan Carlos I a Hacienda de 678.393,72 euros mediante una declaración complementaria, incluyendo intereses y pagos de demora, implica que el rey emérito aflora ahora a ojos de la Agencia Tributaria un patrimonio de más de 1,2 millones de euros que había ocultado al fisco español, según el cálculo que ha hecho el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) para Vozpópuli.
La cifra de este incremento patrimonial no justificado del anterior jefe del Estado se hace sobre la hipótesis de que el equipo de asesores fiscales de don Juan Carlos haya regularizado el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La vía de la donación o la sucesión es más improbable en este caso y daría montantes distintos.
Para que la regularización sea liberatoria a efectos penales y tributarios, tal y como pretende el Emérito con esta declaración complementaria sin que haya un requerimiento previo de la Agencia Tributaria, se tiene que lograr una exención total de responsabilidad. Y para ello, hay que cumplir dos condiciones: que la cuantía abonada sea veraz y completa, hacen hincapié las citadas fuentes.
"La veracidad se tiene que corresponder con la realidad", subrayan en Gestha, y don Juan Carlos tenía muy difícil alegar ahora que se trataba de una donación o una sucesión de terceras personas si no aportaba una documentación que así lo acreditase. Es decir, un contrato o un acta notarial.
De ahí que lo más probable es que el Emérito haya aflorado este incremento de patrimonio no justificado en la casilla de la renta, lo que implica que se trata de un dinero ajeno a los ingresos ordinarias que tuvo tras su abdicación -básicamente, la asignación que le correspondía como miembro de la Familia Real- y al patrimonio prexistente.
Dos variables para el cálculo
Gestha ha realizado su cálculo sobre la cuota diferencial de IRPF en base a dos variables (ver abajo) y teniendo en cuenta que don Juan Carlos es un contribuyente que tiene fijada su residencia en la Comunidad de Madrid. La primera opción es que lo regularizado haya sido a partes iguales en las liquidaciones de 2016 a 2018. Y la segunda es que ese patrimonio no declarado se haya añadido en su totalidad al IRPF de 2018.
En el primer caso, la cifra defraudada al fisco sería de 541.215,79 euros, a lo que habría que añadir un recargo de extemporaneidad de 108.243,16 euros y otros 28.934,77 euros de intereses de demora. La suma de todo ello son los citados 678.393,72 que Juan Carlos I abonó este miércoles a Hacienda.
En la segunda hipótesis, la de que todo lo aflorado haya caído en el IRPF de 2018, entonces la cuota diferencial sería de 525.175,55 euros, cifra a la que habría que añadir una penalización por comunicarlo fuera de plazo de 105.035,11 euros y unos intereses de demora de 48.183,06 euros.
Con su declaración complementaria ante Hacienda, don Juan Carlos intenta regularizar el supuesto uso indebido de tarjetas opacas por su parte y otros miembros de la Familia Real tras su abdicación. Hacienda tendrá que analizar ahora el contenido del escrito y deberá responder en los próximos días si acepta la regularización, si solicita o no aclaraciones y cuál es el importe a pagar en caso de discrepancia.
La confesión voluntaria del Emérito no está relacionada con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de las citadas tarjetas bancarias que le facilitó el empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, quien está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo por haber puesto dinero a disposición de don Juan Carlos sin que este lo declarara a Hacienda ni tampoco mediase donación.
Esas dádivas equivaldrían a los 1,2 millones de euros que ahora afloran... si los cálculos de los técnicos de Hacienda son los correctos. Este periódico se puso en contacto con el bufete de abogados de Javier Sánchez-Junco que representa al Rey emérito, pero no obtuvo respuesta.
