Jueces y Juezas para la Democracia ha considerado que la actuación del Ministerio de Justicia en el procedimiento abierto en Bélgica a raíz de la demanda civil del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont contra el magistrado Pablo Llarena es "correcta y ajustada a derecho".
La única asociación judicial que hasta ahora no había opinado sobre este asunto ha hecho público un comunicado en el que coincide con las demás en "su compromiso en defensa de la soberanía e integridad de la jurisdicción española".
También expresa su "rotunda oposición al uso de las normas y mecanismos judiciales" para lograr "el enjuiciamiento ante tribunales extranjeros de un magistrado español por los actos realizados en ejercicio de sus funciones".
"Por ello, consideramos correcta y ajustada a derecho la personación de España en el procedimiento que se sigue ante los tribunales de Bélgica, tal y como ha anunciado el Ministerio de Justicia".
El departamento que dirige Dolores Delgado informó de que contrataría un bufete privado de abogados que defienda "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en el procedimiento abierto contra Llarena si el tribunal belga cuestiona la causa del "procés" que instruye este juez.
Así, la postura del Gobierno es la de defender la jurisdicción de España en este procedimiento pero dejando el amparo legal y el apoyo al juez, que debe comparecer el día 4 de septiembre ante el tribunal belga, al propio Poder Judicial, según subrayó el pasado viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo.
Contrario al resto de asociaciones
Pero el resto de asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente- y la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, han exigido al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del magistrado del Tribunal Supremo.
La Unión Progresistas de Fiscales no secundó el comunicado conjunto de las anteriores y emitió este sábado el suyo propio.
En él, mostraba su "unidad en defensa" de Llarena y "la necesidad de que el estado español se persone en el procedimiento judicial iniciado en Bélgica a fin de alegar, como cuestión previa, la inmunidad de jurisdicción en relación al libre ejercicio de su funciones en el ámbito del proceso penal iniciado en España".
