Tres de las cuatro principales asociaciones de jueces del país han salido en defensa del Tribunal Supremo que juzgó y condenó a los líderes del procés. En un manifiesto firmado de manera conjunta se dirigen a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a la que piden que actúe para frenar la aprobación el próximo 21 de junio de un proyecto que cuestiona las penas de sedición impuestas a los 12 líderes independentistas.
Según explican, la medida que se somete a consideración en la Asamblea Parlamentaria este lunes es “injusta” y pone en entredicho al Poder Judicial al cuestionar la resolución del alto tribunal en relación al juicio del procés. El borrador elaborado por el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos reprueba que los políticos sean condenados por manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones y aboga por la excarcelación de los condenados por delitos de sedición, malversación y desobediencia.
En pleno trámite de los indultos por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, las asociaciones entienden que este borrador supone una afrenta para la Justicia española. Por eso, aunque rechazan que cualquier político pueda ser perseguido por sus ideas, matizan que es urgente hacer precisiones sobre ese texto. “Se presenta la actuación de determinadas personas condenadas por el delito de sedición como una mera discordancia política desconociendo la vertiente de lesión a bienes jurídicos esenciales”, sentencian.
"Falacia que debe ser reparada"
Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente insisten al Consejo de Europa que dan por sentado unos hechos que “divergen” de lo recogido en el fallo del alto tribunal cuya ponencia corrió a cargo del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. “El proyecto hace suyas unas posiciones que son las que, desde el inicio del proceso, sostuvieron los políticos catalanes condenados como parte de la campaña de desprestigio a los órganos judiciales españoles en previsión de la condena que vislumbraban segura”, reza la nota.
Además denuncian que se ponga en tela de juicio la independencia judicial en España cuando tanto el GRECO (órgano dependiente del Consejo de Europa) como organismos como Rule of Law de World Justice Project sitúan a España dentro de los países democráticos más avanzados del mundo. "Con estos datos, poner en cuestión la calidad de la democracia en España y la labor de los tribunales y su defensa de los derechos fundamentales, insinuando una complicidad en la persecución ideológica de sus ciudadanos, constituye una falacia que debe ser reparada", añaden.
Apelan al CGPJ de Lesmes
En su manifiesto también lanzan un mensaje al Ejecutivo de Pedro Sánchez al que recuerdan que en España los órganos judiciales "no están al servicio de unos intereses del poder ejecutivo para reprimir las libertades públicas". Al respecto apuntan que ocurre todo lo contrario y recuerdan que cuando estas mismas tres asociaciones acudieron recientemente a la Comisión Europea alertando del riesgo que supondría para la independencia del poder judicial las reformas legales planteadas en el Congreso sobre la modificación para elegir por mayoría absoluta a los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Por ese motivo, y ante el próximo debate del borrador del informe, no solo apelan a la ministra de Exteriores en calidad de máxima responsable de la política internacional del Estado, sino también al CGPJ. Las asociaciones apelan al órgano que dirige en funciones Carlos Lesmes para que se pronuncie "oficialmente" sobre su contenido denunciando "las falsedades e inexactitudes" que contiene el documento europeo porque, aunque carecen de eficacia ejecutiva, consideran que lesiona el prestigio de todo el Poder Judicial y la confianza en la Justicia de los ciudadanos.
