El Ministerio de Sanidad redactó el 3 de marzo el escrito denominado Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus covid-19. La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid intenta determinar si el Departamento de Salvador Illa hizo llegar ese documento al equipo del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, antes del 8-M. Sanidad deberá responder antes del 1 de junio, semana en la que el propio Franco está llamado de declarar como investigado.
La juez, según indicó en el primer auto emitido en marzo, pretende precisar si "se dio orden expresa al delegado del Gobierno de Madrid de no prohibir las manifestaciones al margen de cualquier consideración sanitaria" y si "se adoptó alguna medida de prevención" por parte de su equipo. A raíz de una denuncia particular, la magistrada busca esclarecer si Franco prevaricó al permitir la manifestación del Día de la Mujer en la capital.
Sanidad tendrá que explicar cuándo y cómo difundió aquel oficio con recomendaciones ante el coronavirus: "Si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno en Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente fecha de remisión y cauce".
El Departamento de Illa también deberá dar cuenta del comunicado firmado el 6 de marzo por la Directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio Azcárraga, y precisar si llegó a manos del representante del Ejecutivo en Madrid. La juez, además, ha requerido "idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por Sanidad con ocasión de la covid-19".
En el portal web del Ministerio figura una nota de prensa publicada el 3 de marzo en la que se recomienda celebrar a puerta cerrada "aquellas competiciones deportivas profesionales en las que se espere una alta presencia de aficionados que provengan de las zonas de riesgo del coronavirus", en relación a las regiones del norte de Italia. Tres días después, el 6 de marzo, Illa instó a la Unión Europea a garantizar "la coherencia y consistencia de las medidas adoptadas por los Estado miembros frente al coronavirus" y aseguró que "la situación" en las zonas de riesgo era "preocupante" y que entrañaba "un riesgo serio".
Según consta en el primer auto emitido por la magistrada, las diligencias que se practican intentan determinar si se contaba o no con datos objetivos en el momento en el que la autoridad gubernativa autorizó la manifestación del 8-M y si era "susceptible de perturbar otro bien o derecho protegido por la Constitución, como la vida".
Los informes de Madrid
Desde el pasado marzo, cuando acordó dirigir las pesquisas contra Franco por un presunto delito de prevaricación, la juez ha ido revisando las comunicaciones y alertas que pudo haber recibido la Delegación del Gobierno antes del 8-M. Primero preguntó por los informes de la Comunidad de Madrid.
El equipo de Franco sostuvo que no había recibido aviso alguno de la Administración de Isabel Díaz Ayuso. El secretario general de la Delegación, Fernando Talavera Esteso, aseguró que "no consta la recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020 en el marco de la crisis generada por la covid-19". Tal y como publicó Vozpópuli, la Comunidad de Madrid desmintió esta versión ante la juez y aseguró que la Dirección General de Salud Pública sí informó al equipo de Franco sobre el "riesgo inminente" del coronavirus en dos resoluciones sobre medidas sanitarias adoptadas el 6 de marzo.
"La primera alerta"
Ante tal situación, la magistrada requirió al delegado de Gobierno que informara sobre "la primera comunicación, indicación alerta o noticia" que se recibió por escrito procedente de cualquier Administración con anterioridad al 14 de marzo, fecha en que se decretó el estado de alarma. Ahora la juez toca directamente a la puerta de Sanidad.
El Ministerio dirigido por Illa deberá resolver las dudas de la magistrada cuatro días antes de que Franco declare como investigado. Ese mismo día están citados como testigos el secretario general de la Delegación de Gobierno, Fernando Talavera; el jefe de gabinete de Franco, Luis María Sanz Moriñigo; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas. El primero puede acogerse a su derecho a no declarar; los otros tres tienen la obligación de responder con la verdad a las preguntas de la juez y la Fiscalía.
