"Los investigados están realizando movimientos de fondos desde cuentas radicadas en el extranjero". Aún no se conoce el origen del dinero, pero el magistrado a cargo de la investigación del caso Lezo, Manuel García-Castellón, considera que puede "guardar relación" con los presuntos hechos delictivos que se juzgan en la Audiencia Nacional. Y añade: los acusados en la trama de corrupción continúan "manteniendo contactos y reuniones" posiblemente vinculadas con el traslado de "documentación incriminatoria".
En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado hace referencia a Fernando Autrán Pérez, quien fuera consejero del Canal de Isabel II durante la gestión del expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón. En concreto, pide librar una comisión rogatoria internacional a las autoridades de Suiza para que facilite datos sobre "todos los productos financieros" en los que intervenga. Y avisa de su especial interés en los datos que estén vinculados al banco EFG Zurich.
García-Castellón ya había reclamado a las autoridades de Mónaco que bloquearan de forma "urgente" el millón de euros que Autrán tiene en ese país, según consta en un auto de 11 de enero publicado por este periódico. Tras analizar una información enviada por el Principado, el magistrado sospechó que el dinero en la cuenta del exconsejero podría proceder de actividades ilícitas, "aprovechándose de los cargos públicos que ha ido ostentado en la Comunidad de Madrid".
En ese mismo escrito, el juez hace hincapié en la compra por parte del Canal de Isabell II de la empresa colombiana Inassa. Avisa de que los fondos públicos desviados en dicha operación podrían alcanzar los 20 millones de euros; un negocio que fue autorizado en un Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por el propio Ruiz-Gallardón.
Cuentas y patrimonios
Es precisamente por esta operación que el Juzgado Central de Instrucción número 6 ordenó el pasado octubre examinar el patrimonio de Ruiz-Gallardón. Estas pesquisas ayudarían a los investigadores a determinar si hubo enriquecimientos sospechosos que pudieran aportar nuevos datos al caso.
Según consta en un escrito de agosto publicado en este medio, la Subdirección General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia envió al juez un informe de 31 páginas con la información solicitada.
Esta investigación ya había sido solicitada previamente por la Fiscalía anticorrupción. De hecho, la petición del ministerio público incluía también a otros imputados en la trama Lezo, ya que era considerado como uno de los requisitos necesarios para que la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos pudiera iniciar las pesquisas sobre las propiedades de los implicados.
Hasta el momento, son más de 50 los imputados en el caso Lezo. Destacan nombres como el de los exconsejeros madrileños Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo; y el de los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Así como los ex altos cargos Ignacio González, Alberto Ruiz-Gallardón, Francisco Granados (también imputado en Púnica) y el mencionado Fernando Autrán Pérez.
Al destaparse el caso 2016 con la petición de diligencias de la Fiscalía, se denunció la existencia de un entramado societario complejo, con cobertura nacional e internacional, creado para canalizar las 'mordidas' obtenidas en la ejecución de contratos públicos y de inversiones de entidades públicas de la Comunidad de Madrid. Ahora, en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez asegura que los imputados aún mueven dinero y que mantienen reuniones secretas.
