El magistrado que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, da luz verde para que se analice la auditoría del Ministerio de Transportes de Óscar Puente y que señala a José Luis Ábalos por la contratación de la empresa de la trama. El instructor considera este documento como una "fuente de prueba" cuyo análisis puede dar pie para determinar posibles delitos.
No obstante, dicha auditoría no puede entenderse como una "circunstancia que acompañe o derive de la comisión de los delitos investigados", según plasma el instructor en sendos autos a los que ha tenido acceso Vozpópuli. Así pues, el instructor del caso Koldo avisa que será necesario analizar el contenido de la misma antes de decidir si arroja un posible ilícito penal y contra qué personas.
A lo que no da pie este documento es a la personación de Ábalos como perjudicado en la causa, al margen de las personas que aparezcan mencionadas en el mismo. Así pues, el juez cierra la puerta a esta personación y también a la citación como testigo del actual ministro del ramo, Óscar Puente, aunque no descarta llamarle en un futuro.
"Puente era alcalde de Valladolid"
"No procede la declaración testifical de D. Oscar Puente Santiago en este momento procesal, sin perjuicio de lo que pudiera resultar en un futuro como consecuencia de las diligencias que se practiquen y del devenir de la instrucción", reza el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2. En ese sentido explica que en el momento de los hechos, el ministro era alcalde de Valladolid, y por, tanto, no tiene vínculos con la causa.
Para adquirir la condición de perjudicado en el proceso penal se ha de exigir un plus superior al de simple afectado por la auditoría de TransportesAuto del juez del caso Koldo
"Su relación con los hechos se circunscribe a ordenar, como titular actual del Ministerio de Transportes, la realización de una auditoría sobre el proceso de adjudicación por parte de Puertos del Estado y de Adif de los contratos investigados", reza uno de los autos del magistrado Moreno.
En el otro, en el marco del cual descarta la personación de Ábalos como perjudicado, el juez del caso Koldo argumenta que la auditoría no tiene validez suficiente para otorgarle este estatus.
"Para adquirir la condición de perjudicado se ha de exigir un plus superior al de simple afectado por los hechos que están siendo investigados o por alguna diligencia que se haya practicado, como es en este caso, al haberse incorporado a las presentes actuaciones el informe de auditoría del Ministerio de Transportes", reza el juez.
El caso Koldo, pendiente de declaraciones clave
Como desveló este medio, la UCO se personó en el Ministerio de Puente para recabar tanto la auditoría como los anexos de la misma. El juez encargó a la Guardia Civil que se hiciera con estos documentos, que ya obran en el sumario, y en el marco de los cuáles se apunta a Ábalos como la persona que ordenó la contratación desde Puertos del Estado y Adif de Soluciones de Gestión.
El Ministerio, que también está en el foco por los correos que altos cargos de ambos entes se intercambiaron sobre la adjudicación, expuso en la auditoría que cumplieron órdenes del entonces ministro y que él es el responsable de las órdenes emitidas en plena pandemia. En concreto se identificó una corrección modificada en apenas media hora en el marco de la cual se pasó de adquirir 4 millones a 8 millones de mascarillas por un total de 20 millones de euros.
El documento también apunta al comisionista de la trama y contacto de Begoña Gómez, Víctor de Aldama, de quien dice que, pese a ser una persona "ajena a la función pública", accedió al Ministerio de manera que sus propios trabajadores lo consideraron "parte de los mismos". En efecto, altos cargos como el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, se intercambiaron correos con Aldama llegándole a filtrar información de ofertas de empresas competidoras.
Precisamente Sánchez Manzanares declaró como investigado este miércoles en las pesquisas, y expuso que acató órdenes provenientes del Ministerio. Según dijo, las características de la empresa zaragozana (ajena al sector sanitario y con un volumen de negocio de cero euros), alertaron a los funcionarios, si bien ejecutaron la adjudicación de emergencia siguiendo órdenes de superiores.
Precisamente, dichos correos electrónicos incautados por la UCO son, a juicio de Ábalos, uno de los elementos que impediría al Ministerio efectuar una auditoría, puesto que los mismos evidencian que son parte implicada en los hechos. El exministro socialista, que ha llegado a tildar esta fuente de prueba de un "tribunal de honor", advirtió en un escrito extraprocesal remitido al caso Koldo que se trata de pruebas sesgadas.
Ábalos defiende su inocencia
En su pericial remitida al juzgado, Ábalos explicó que no podía tenerse como prueba objetiva ya que incluye opiniones y juicios de valor que restarían legitimidad al documento. Por ese motivo pidió personarse en el procedimiento como perjudicado y que se tuviera por adherida su pericial de parte.
Se trata de una solicitud a la que el juez no ha dado luz verde, a la espera de la batería de interrogatorios y testificales que arrancaron este miércoles y que pretenden arrojar luz sobre el proceso de contratación de Soluciones de Gestión.
Tras Sánchez Manzanares, este jueves desfila como testigo el exCEO de Globalia, Javier Hidalgo, a quien seguirán el viernes altos cargos de Puertos del Estado (como el que fuera su presidente Francisco Toledo Lobo). Las testificales continuarán la semana que viene.
También tienen pendiente de declarar, en calidad de investigados, el que fuera 'número tres' del Ministerio cesado por Puente, Jesús Manuel Gómez García, y el exalto cargo de Adif, Michaux Miranda Paniagua.
Tanto el juez como Anticorrupción tratarán de esclarecer quien impartió la orden para que esta empresa cercana a Koldo y el resto de imputados, se adjudicara contratos de mascarillas por más de 54 millones de euros. La UCO apunta, al respecto, que dichas adjudicaciones les reportaron unos beneficios limpios de 17 millones de euros.
