El juez Rafael Lasala Albasini, al frente del juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, cita como investigado a Camilo Villarino, quien ocupase el cargo de director de gabinete de la exministra Arancha González Laya, para tratar de esclarecer las circunstancias de la entrada de Brahim Ghali en España. Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que además se cita como testigo del teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez, segundo jefe del Estado Mayor del Aire.
El magistrado, que incorporó unas diligencias abiertas en Logroño, trata de aclarar si el líder del Frente Polisario en España accedió a España con su pasaporte personal. El acceso que tuvo lugar a través de la base aérea de Zaragoza para después ser trasladado a un hospital de Logroño donde recibió tratamiento por sus afecciones. En la actualidad litigan dos acusaciones populares que representan los abogados Juan Carlos Navarro y Antonio Urdiales.
El único al que se cita como investigado es a Camilo Villarino -quien fuese la mano derecha de González Laya- que tendrá que declarar el próximo 1 de septiembre en dicho juzgado de instrucción. El juez toma la decisión tras estudiar el oficio que éste le remitió con una serie de consideraciones acerca de la entrada de Ghali en España.
Villarino señaló en su escrito que no había ningún expediente administrativo sobre el episodio y que en sus comunicaciones con el segundo jefe del Estado Mayor del Aire le trasladó que no era preciso llevar a cabo ningún trámite de aduanas o inmigración, “siendo esta respuesta perfectamente coherente tanto con la práctica establecida como con la legislación vigente aplicable”.
Los militares
El segundo jefe del Estado Mayor del Aire declarará como testigo -no como investigado, a diferencia de Villarino- el mismo día 1 de septiembre. El juez considera que no hay indicios de que el teniente general Fernández Sánchez supiera que la persona que llegaba a España -en referencia a Brahim Ghali- tuviera o no pasaporte diplomático o estuviera exento por cualquier causa del control de pasaporte y de aduana.
Quien no tendrá que prestar declaración es el jefe de la base aérea de Zaragoza, el general José Luis Ortiz-Cañavate, dado que el juez considera que su contestación remitida por oficio al juez con los detalles de la entrada de Ghali era lo “suficientemente expresiva”. El general afirmó que todas las personas que procedían de un país ajeno al espacio Schengen debían pasar un control de pasaportes y que en el caso del líder del Polisario “no se siguió el procedimiento habitual debido a la orden recibida”.
Asimismo, el juez pide al Ministerio de Asuntos Exteriores el actual domicilio y cargo de José María Muriel, quien fuese secretario general técnico del departamento, para comunicarle su citación como testigo.
El magistrado además incorpora a la causa los mensajes que el director de gabinete de Laya y el segundo jefe del Estado Mayor del Aire se intercambiaron a través de WhatsApp para gestionar el aterrizaje del avión en que viajaba Ghali, así como las copias de los expedientes administrativos que figuran sobre la documentación de la identidad personal del líder del Polisario.
