El magistrado del caso Pegasus ha citado a declarar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga en Defensa, Margarita Robles, por el espionaje al móvil de Pedro Sánchez. El instructor acuerda esta diligencia de calado tras tomar declaración al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en aras a esclarecer detalles de la infección que se produjo entre mayo y junio de 2021.
El juez José Luis Calama Teixeira acuerda también dirigir suplicatorio al Consejo de Ministros con objeto de que proceda a desclasificar los asuntos, actos, documentos o informaciones declarados secretos y que pudieran verse afectados por los testimonios de estos dos ministros, según informan fuentes jurídicas.
El magistrado, que accedió a investigar el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno y otros tres ministros, acuerda estas diligencias a la vista del contenido de las declaraciones prestadas, también en esta causa, por la exdirectora del CNI Paz Esteban y el funcionario que elaboró dichos informes. Esteban compareció el 3 de junio para explicar el trabajo de los Servicios Secretos en relación al hackeo de los móviles de Sánchez y los ministros Robles, Marlaska y Luis Planas.
Copia del móvil de Sánchez
De su declaración, así como de lo manifestado por Félix Bolaños, (que respondió a las preguntas por escrito) surge ahora la necesidad de escuchar en sede judicial a estos dos ministros, también espiados con la herramienta israelí de espionaje. El magistrado trata de esclarecer en qué condiciones se infectaron todos los móviles así como la comisión de un presunto delito de revelación de secretos.
Se dirige suplicatorio al Consejo de Ministros para que desclasifique asuntos, documentos e informaciones declarados secretos o reservados
En ese sentido ya ordenó al CNI que no destruyera el contenido del teléfono de Pedro Sánchez y que diera traslado del mismo a la autoridad judicial. Según explicó a comienzos de julio, surgió la necesidad de "retener y conservar" los instrumentos relacionados con el delito que se investiga en esta causa. Por ello reclamó al Centro Nacional de Inteligencia que diera traslado de la copia de seguridad efectuada durante el estudio de los dispositivos.
Espionaje con Pegasus
Al hilo explicó que la Abogacía General del Estado, que fue la que denunció estos hechos, presentó tras la admisión a trámite de la causa una ampliación de denuncia apuntando también al espionaje con Pegasus de los ministros del Interior y de Agricultura. Junto con la misma se aportaron también cuatro informes del CNN diferenciados en función de los cuatro miembros del Ejecutivo espiados con este software.
El análisis de este material derivó en la citación como testigo de Félix Bolaños. El ministro, que fue quien comunicó en rueda de prensa los hechos a comienzos de mayo, se acogió a su derecho a declarar por escrito; un privilegio que le otorga la Ley (artículo 412 de la LECrim) y que le evitó el paseíllo judicial. El magistrado Calama Teixeira le ofreció participar por videoconferencia, para lograr una mejor intervención en los hechos, pero el ministro rehusó responder a la oferta; un gesto que el juez entendió como una negativa.
Robles y Marlaska, perjudicados directos del espionaje con Pegasus, pueden declarar por escrito, como Bolaños, o acudir presencialmente a la Audiencia Nacional
La historia se repite ahora para los ministros recién citados. Tanto Robles como Marlaska (ambos magistrados) pueden acogerse al derecho que les otorga la Ley para responder por escrito o bien pueden acudir presencialmente a la Audiencia Nacional, órgano en el que ejerció Marlaska como juez instructor. Se da la circunstancia de que tanto uno como otro no solo son testigos del procedimiento sino también perjudicados directos del espionaje con Pegasus.
Amarna
Seguro que al final no era Pegasus que era Barreirus
José Alejandro Vara
Si no Feijóo, quizás deberían haberla mentado alguno de los ocho diputados del PP que tuvieron turno de palabra.
Alexander
El juez no debería hacer admitido la denuncia presentada por el Gobierno porque en el espionaje realizado a miembros del Gobierno español por un estado extranjero no es un delito tipificado en Código Penal y ahora está dando vueltas sin saber a dónde va. ¿Para qué llama a quienes han sufrido el hackeo de sus móviles cuando lo que debería hacer es investigar qué país está detrás de los espionajes?, algo que dudo llegue a descubrir.
depole2681
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