El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha emitido una resolución en la que desestima cinco apelaciones y ratifica el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, junto con otros antiguos altos cargos de ese departamento, por el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor bajo tutela, cometidos por su exesposo, quien era educador social.
Así se establece en un auto fechado este jueves, al que ha tenido acceso Europa Press. El juez adopta el argumento del ministerio fiscal, quien en su informe concluía que, al haber sido todos los ahora procesados "investigados por su implicación, mayor o menor, de una u otra forma, en los dos incidentes en los que la Audiencia sostiene la existencia de indicios de criminalidad que justifican el curso posterior del caso, lo solicitado por los apelantes –una repetición del sobreseimiento ya acordado y revocado– resulta un imposible procesal".
Según la Fiscalía, este hecho "colocaría al juez instructor en una situación de obstinación frente al mandato de la autoridad que legalmente posee la potestad de revisar sus decisiones". "Dicho de otro modo, habiendo ordenado la Audiencia la '... adecuación del procedimiento a los trámites del procedimiento abreviado...' sin ninguna restricción subjetiva, el auto cuya modificación pretenden los apelantes está plenamente ajustado a dicho mandato y al momento procesal en el que quedó la causa".
El juez indica en la resolución que "no puede sino acoger dicho razonamiento" para rechazar los recursos de reforma presentados por cinco de los antiguos altos cargos contra el auto del 21 de junio, en el que se acordó el procesamiento de todos ellos.
En esa decisión, el magistrado instructor dictó la conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado "por mandato legal", en aplicación del auto de la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia, que reabrió el caso contra la exvicepresidenta y sus ex altos cargos.
La joven que, siendo menor y bajo tutela de la Generalitat, fue víctima de los abusos sexuales por parte del exmarido y que actúa como acusación particular en este caso, solicita tres años y medio de cárcel para Oltra y 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, como también lo exige Vox, que actúa como acusación popular.
Indicios
El procesamiento se produjo después de que la Audiencia aceptara parcialmente los recursos de la víctima y las dos acusaciones populares –Vox y la asociación Gobierna-te– al entender que no se podía descartar "claramente" la posible existencia de delito, y que había indicios suficientes para procesar a los investigados.
El caso, que estaba dirigido contra Oltra –quien renunció a sus cargos en junio de 2022 tras su imputación judicial– y otras 15 personas, fue archivado por el Juzgado de Instrucción en abril, al no hallar pruebas de delito ni presunto encubrimiento de los abusos. La Fiscalía respaldó esta decisión.
Sin embargo, la Audiencia argumentó, el pasado mes de mayo, que existe una hipótesis "plausible" de que cuando se conoció la noticia de los abusos en la Conselleria de Igualdad, "las personas que tuvieron conocimiento de los hechos, y bajo cuya protección y tutela se encontraba la menor, habrían intentado encubrirlos".
El tribunal determinó que, en ese momento procesal, no se podía descartar "de manera clara" la posible comisión de un delito derivado del incumplimiento del deber de denunciar y proteger a la menor bajo tutela de la Generalitat, con el propósito de ocultar los abusos sexuales ocurridos en el centro de acogida.
Según la Audiencia, es en el juicio oral donde deberán esclarecerse las circunstancias concretas en las que sucedieron los hechos y la valoración jurídica que estos merecen. Asimismo, el tribunal observó indicios de una posible comisión de delito en la elaboración de un expediente informativo, una vez que el caso ya estaba judicializado, con el objetivo de verificar la veracidad de las acusaciones hechas por la menor.
