“¿Si fuera con su dinero, se acordaría?”. De este modo el juez de la Audiencia Nacional José Manuel García Castellón trató de poner fin a las distintas evasivas de Juan María del Álamo, exmiembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Prestó declaración como uno de los más de veinte investigados por la compra de Inassa en 2001. Se investiga si en la operación que se produjo un presunto desfalco de 70 millones de euros procedentes de la empresa pública madrileña de gestión de aguas.
Las explicaciones de Juan María del Álamo no arrojaban nada en claro. Según informan fuentes jurídicas, replicaba con respuestas como “no lo sé” o “no me acuerdo”. En un momento del interrogatorio, el titular del Juzgado de Instrucción Número 6 le recriminó su actitud: “¿No se acuerda? ¿Si fuera con su dinero se acordaría?”. El imputado admitió que sí. “¿Pero si es con dinero público no?”, zanjó el magistrado. Daba muestras de tener agotada la paciencia, según los testigos en la sala.
Por su parte, la fiscal Ana Cuenca preguntó al imputado acerca del conocimiento que tenía de la operación el entonces presidente de la Comunidad Alberto Ruiz Gallardón. Del Álamo tampoco supo responder con claridad y se limitó a opinar que debía saberlo en su calidad de máximo mandatario regional. Pese a que muchos de los altos cargos de la administración madrileña de la época se encuentran imputados, Gallardón aún no ha sido declarado oficialmente como investigado, aunque fuentes de la investigación afirman que las pesquisas “van subiendo escalones”.
El expresidente de la Comunidad y exalcalde de Madrid declaró el pasado 15 de diciembre en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid. Fue citado para hablar de la compra de Inassa en 2001. Gallardón, que recordó que estuvo 30 años en política, defendió su gestión y la de sus equipos durante su vida política al tiempo que no quiso poner la mano en el fuego por sus sucesores ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento.
Este martes también prestó declaración en calidad de testigo el único consejero no imputado en la causa, Rafael Merino. Certificó que no estuvo presente en la reunión del Canal en la que se aprobó la compra de Inassa ya que recibió la documentación apenas unas horas antes sin posibilidad de analizarla, algo habitual. Según las fuentes consultadas, Merino precisó que las presentaciones del proyecto las hizo Arturo Canalda, entonces gerente del Canal. Actualmente desempeñaba el cargo de presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, cargo del que dimitió en diciembre tras ser imputado en esta causa.
Manifestó este testigo que él estaba en contra de operaciones especulativas, aunque mostró lagunas a la hora de explicar cómo era el proyecto en concreto después de más de 15 años.
