La juez que instruye en la Audiencia Nacional los delitos de rebelión, sedición y malversación presuntamente cometidos por el Govern catalán ha reclamado este viernes por la noche una orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont, según informan fuentes oficiales.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó el pasado jueves a Lamela que ordenara la “búsqueda, captura y detención” del expresidente catalán Carles Puigdemont, pero también de los exconsellers Antonio Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret, huidos de la justicia española.
“Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados, pese a la cual las personas recogidas en la providencia de traslado no han comparecido, como el resto de querellados”, resaltaba el teniente fiscal de la Audiencia Nacional.
Asimismo, Carballo informaba de que las autoridades habían realizado reiterados intentos de entregar la citación en sus domicilios “así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”.
En el escrito, el teniente fiscal resaltaba que Puigdemont había manifestado públicamente su intención de no comparecer, mismo tiempo que había solicitado, como también lo hicieron Antonio Comín y Meritxell Serret, efectuar su declaración por videoconferencia, “sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual”.
El fiscal también sostenía que los querellados que no comparecieron se encontraban “o al menos han viajado a Bélgica”, por lo que reclamaba a la juez Lamela que iniciara las gestiones necesarias para emitir “sendas órdenes europeas de detención dirigidas a las autoridades belgas”.
En la querella que interpuso el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, contra los integrantes del Govern catalán, reclamaba a la juez que instruye el procedimiento, Carmen Lamela, que si alguno de los imputados no se presentaba a la declaración, que ordenara “la inmediata detención de los querellados”.
De esta forma, el ministerio público ha reclama una orden europea de detención y entrega. Al activarla orden, la policía belga está obligada a detener a Puigdemont y los exconsellers.
Y en ese momento comenzará el plazo de 60 días para la extradición de los arrestados. Sin embargo, todo el procedimiento podría alargarse hasta un máximo de 100 días.
