El magistrado del caso Koldo ha ordenado a la UCO que aporte en un pendrive todos los archivos de audio que contenga la investigación desde sus inicios hasta este momento. El instructor solicita a la Guardia Civil que aporte las conversaciones telefónicas y orales y sus correspondientes transcripciones, que aparecen en cada uno de los informes policiales incorporados a la causa.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, determina que el contenido del pendrive debe constar de una carpeta para cada uno de los informes aportados cronológicamente en las actuaciones. En su providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, determina que debe haber cuatro carpetas, una para los audios de las conversaciones telefónicas, otra para las escuchas y dos más para las transcripciones.
Cabe recordar que parte de la investigación se ha nutrido de las escuchas que la UCO realizó a los cabecillas de esta trama de corrupción a la que da nombre el que fuera asesor de José Luis Ábalos, Koldo García. La UCO ha transcrito la práctica totalidad de las mismas en los informes que se han ido adhiriendo al sumario, pero es la primera vez que se pide el soporte original.
Declaraciones en el caso Koldo
El magistrado del caso Koldo formula esta solicitud tras haber escuchado en sede judicial a una decena de citados (entre testigos e imputados) implicados todos ellos en la contratación de la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Se trata, en su mayoría, de altos cargos de Puertos del Estado y de Adif, los dos entes que contrataron en primer lugar con esta firma que se anotó 54 millones de euros en contratos públicos.
En condición de investigados han comparecido el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares; el exalto cargo de Adif, Michaux Miranda Paniagua, y el que fuera 'número tres' del Ministerio cesado por Puente, Jesús Manuel Gómez García. Este último declaró el pasado lunes en sede judicial que fue Koldo quien le trasladó que había que contratar con la empresa de la trama Koldo.
El que fuera subsecretario de Estado de Transportes expuso que el asesor del entonces ministro acudió a su despacho el 20 de marzo de 2020 para trasladarle que había que adjudicar el contrato de 20 millones de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión. Según dijo, el Ministerio no valoró la situación financiera de esta empresa porque de ello se debía encargar Puertos del Estado.
Sin embargo, desde este organismo han defendido, al ser preguntados por este aspecto, que no era necesario comprobarla. La firma en cuestión se adjudicó contratos por 54 millones de euros con los contratos 'a dedo'. De ellos, 17 millones fueron beneficios que se repartieron entre los principales cabecillas de la trama.
Diligencias pendientes
Todas estas comparecencias han dado pie a la petición de una batería de diligencias por parte de las acusaciones populares. Así, por ejemplo, Vox ha solicitado recientemente al juez que cambie la condición de testigo a imputado al subdirector general de Planificación de Interior, Daniel Belmar, a tenor de presuntas incongruencias durante su comparecencia en sede judicial.
En ese sentido, el partido ha pedido también que se cite como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y también al director general de Coordinación y Estudios, José Antonio Rodríguez González; además del exalto cargo de la Subdirección General de Gestión Económica, José Manuel Fraile Azpeitia, por ser este último el departamento que gestionó el contrato.
Por su parte, Liberum ha solicitado que se cite como testigo al presidente de Raminatrans, la empresa que distribuyó las mascarillas adquiridas por Fomento; al secretario general de Correos. La asociación trata de esclarecer donde fueron a parar millones de mascarillas adquiridas y pagadas con dinero público. Según mantiene, su única motivación es esclarecer la "verdad material" y determinar si esta mercancía fue "extraviada" o se destinó a reventa.
