El magistrado al frente del 'caso mascarillas' ha avisado de la gravedad de los delitos que se investigan en este procedimiento en el marco del cual están imputados los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. El titular del Juzgado de Instrucción número 47, Adolfo Carretero, apela no solo a la importancia de los hechos ,sino que recuerda que se cometieron en plena pandemia y en un momento en que la cifra de fallecidos por coronavirus era especialmente elevada.
El instructor les reprocha que impulsaran este negocio en un momento en que había "miles de fallecimientos diarios" y avisa que los hechos por los que abrió causa la semana pasada "tienen un interés general y una enorme repercusión pública", según constata en un auto en el que admite las personaciones del Ayuntamiento de Madrid, PSOE y Podemos y al que ha tenido acceso Vozpópuli.
"Los delitos investigados no solo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de mascarillas y demás material sanitario en el momento más álgido de la pandemia, con miles de fallecimientos diarios", recoge el auto, que incide que se debe determinar si estos fondos beneficiaron a unos particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos.
Se trata de uno de los primeros pronunciamientos del instructor que hace menos de una semana admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por el cobro de seis millones de dólares en comisiones con la firma de este contrato con el Ayuntamiento de Madrid. El magistrado accedió a la petición del Ministerio Público e incoó diligencias por delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales.
El Ayuntamiento, "perjudicado" de los delitos
Del mismo modo les citó en calidad de imputados para el próximo 25 de abril a lar que procedió al embargo provisional de los bienes que adquirieron con el reparto de comisiones. Del monto total, un millón de dólares fue para Luis Medina, hijo de Naty Abascal y el fallecido duque de Feria, y otros cinco millones para Alberto Luceño, la persona que negoció el contrato para suministrar a Madrid mascarillas, guantes y test covid en el peor momento de la pandemia.
Los delitos tienen un interés general al investigarse un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia, con miles de fallecimientos diarios
En paralelo, tanto el consistorio de José Luis Martínez-Almeida como el resto de grupos políticos del Ayuntamiento solicitaron su personación para seguir de cerca las pesquisas sobre este contrato que costó a las arcas públicas 11 millones de dólares. El magistrado Adolfo Carretero resuelve ahora dando luz verde a la personación del consistorio como acusación particular al considerar que es "perjudicado" de los presuntos delitos. También admite que litiguen como acusación popular el PSOE, el Grupo Municipal Socialista y Podemos.
El motivo, según razona, es que estos delitos no solo afectan a los fondos públicos, sino que" tienen un interés general y una enorme repercusión pública". La Fiscalía Anticorrupción resaltó en su querella que los dos empresarios no actuaron movidos por un ánimo altruista -como defendió Luceño- sino que de común acuerdo "con el ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico". No obstante, el juez declina la personación "por el momento" de Rita Maestre y el Grupo Mas Madrid por no aportar el poder general para pleitos; un trámite que pueden subsanar y personarse como el resto de formaciones.
Cinco millones bajo sospecha
De esta forma arrancan en el juzgado unas diligencias que comenzaron en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020. Una alerta de los bancos españoles que canalizaron estas comisiones dio pie a la investigación que ha dirigido el fiscal Anticorrupción Luis Rodríguez Sol. En su querella expuso que Luis Medina aprovechó "su condición de personaje conocido en la vida pública" y su cercanía con un familiar de Almeida (que resultó ser su primo Carlos Martínez-Alemida) para proponer este negocio.
Medina les habló de Luceño y de su posibilidad de traer material de China en un momento en que las administraciones buscaban a la desesperada el equipo sanitario necesario para los facultativos. El contrato se cerró entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid -como compradora- y la firma malaya que representaba Luceño -como vendedora-. El acuerdo incluía el suministro de un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos por 4,2 millones de dólares.
La Fiscalía apunta a un posible delito de estafa con esta licitación ya que Luceño incluyó en los precios pactados comisiones a repartir con Medina que, en algunos casos, elevaban el precio del productor un 400% por encima de su valor real. Del mismo modo alertó que, en el caso de los guantes la calidad era tan "ínfima" que se tuvo que devolver una partida de 4 millones de dólares al consistorio ante las quejas de su interlocutora. De los test expuso que 60.000 de ellos fueron defectuosos; una irregularidad que nunca se llegó a subsanar.
