El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha atendido la petición de la Fiscalía y ha procesado a 13 integrantes de los Comités de Defensa de la República (CDR) por delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos (en el caso de nueve de ellos). El instructor les deja a un paso del banquillo al considerar que integraban una facción radical de este movimiento cuyo fin era conseguir la independencia de Cataluña recurriendo para ello a la violencia.
De este modo, el magistrado concluye la instrucción de una causa que arrancó en septiembre de 2019 tras el estallido de la operación Judas. La Guardia Civil detuvo entonces a un total de nueve integrantes de este colectivo radical ante las sospechas de la Fiscalía de que preparaban acciones violentas en fechas cercanas a su arresto. Sin embargo, el avance de las pesquisas impulsó la imputación de otras cuatro personas implicadas en estas facciones.
El Ministerio Fiscal solicitó hace apenas unas semanas al instructor de la causa que procesara a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Delgado por delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos mientras que en el caso de Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero solo le atribuye el primer delito.
Asalto al Parlament
El magistrado accede a la petición y coincide que los ya procesados formaban parte de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT); la facción más radical de los CDR. Según explica, todos comparten la defensa de la independencia de Cataluña y el “activismo radical” para conseguirla. Además, alega que integraron una célula para preparar la ocupación del Parlamento de Cataluña coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y que se financiaron para ello con "entidades externas".
"De las anotaciones (del cuaderno de Xavier Buigas) se extrae una planificación muy avanzada de la infraestructura necesaria para llevar a cabo la ocupación de esa institución, con las necesidades operativas, con un reparto de las tareas y funciones encomendadas, llegando al máximo detalle de las necesidades de personal", reza el auto, que recuerda que los procesados por terrorismo se referían al Parlamento catalán como "casa grande". De Buigas añade, además, que en su vehículo se encontraron anotaciones sobre una "planificación detallada" del asalto al edificio.
El magistrado, que otorga a los integrantes de la célula funciones de comunicación, adquisición de material explosivo, o preparación del mismo, explica también los vínculos de algunos de ellos con Tsunami Democràtic. Así, precisa que Esther García y Sonia Pascual participaron en varios "actos de violencia radical independentista" convocados por esta plataforma como la ocupación y bloqueo del aeropuerto del Prat en octubre de 2019, concentraciones frente a la Delegación de Gobierno de Barcelona o el bloqueo de carreteras de La Jonquera.
Preparación de explosivos
Para lograr sus fines acometieron el encargo del denominado CNI catalán e incluso fabricaron dos laboratorios clandestinos en sus domicilios. Según explica el juez en su auto de 45 páginas, la actividad que se perseguía con esos laboratorios era la de fabricar termita y, para ello, contaban con “los agentes precursores necesarios, manuales detallados y formulaciones manuscritas”. Al hilo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 recuerda que la termita es el material que se ha empleado a modo de carga principal en explosivos, como el que se detectó en la cadena Cope de Barcelona en 1998 y que se asocia a una acción de los GRAPO.
Destaca el papel activo de Jordi Ros por su preparación para fabricar sustancias explosivas y por el material incautado por los agentes tras el estallido de la operación. El magistrado precisa que entre todos los documentos intervenidos por la Guardia Civil se encontraba uno titulado "Esquema bomba", anotaciones manuscritas y tutoriales de Internet para la elaboración de explosivos. En su teléfono móvil también recopilaba vídeos como uno visionado con Álex Codina días antes de su detención. En el mismo se explicaban teorías alternativas a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Vínculo con el hijo de Torra
El auto recoge un relato pormenorizado de la adquisición de sustancias en los meses previos al estallido del operativo. Así, por ejemplo, recuerda que los agentes encontraron en bolsas de basura restos de nitrato de amonio (que se descompone de forma explosiva a la hora de calentarlo) o elementos que se utilizan para la obtención de óxido de hierro. "Todo ello además de considerar que (estas) actividades en entornos domésticos y carentes de la mínima condición y seguridad, generaron un importante riesgo de accidente durante el tiempo que permanecieron activos y hasta la neutralización de la organización", sentencia el magistrado.
Su pronunciamiento se produce apenas meses después de que se incorpora al procedimiento los últimos informes de la Guardia Civil en los que sentenciaron que los 13 integrantes de los ERT integraban una “organización criminal con actividad terrorista”. Además apuntaron que algunos de ellos realizaron búsquedas en Internet de políticos como el del PP, Pablo Casado, o el exprimer ministro francés Manuel Valls con el objetivo de una posible acción contra ellos.
Del mismo modo, de las escuchas interceptadas los agentes analizaron los vínculos con un familiar de Carles Puigdemont o con el hijo de Quim Torra (a quien se referían con el nombre de Gandalf). Los procesados presumieron de que uno de sus hijos les ayudó a boicotear el Consejo de Ministros que celebró el Gobierno de Pedro Sánchez el 21 de diciembre de 2018 en Barcelona. En concreto se atribuye esta conversación a otro de los procesados, Ferrán Jolis, el cual explicó esa misma mañana que el hijo del entonces presidente catalán estaba "pasando información de terreno" para boicotear el acto.
