La magistrada que investiga el rescate de Plus Ultra rectifica y permite ahora incluir un nuevo informe de la aerolínea. La instructora ha corregido su decisión inicial y ha dado luz verde a que se adhiera el trabajo de un economista que cuestiona las conclusiones de los peritos independientes sobre la solvencia de la aerolínea. Tanto Fiscalía, como Abogacía y la acusación que ejerce Manos Limpias se había posicionado a favor de incluir este nuevo trabajo para evitar desventajas de su defensa en esta causa abierta por delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros.
Así consta en la última documental incorporada a este procedimiento, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, y en la que la magistrada Esperanza Collazos explica los motivos de su cambio de criterio. En su auto razona que deben acogerse las alegaciones del recurso de Plus Ultra e incorporar su trabajo de parte antes del careo de los peritos que se repetirá el próximo 29 de marzo. A su juicio, es conveniente adherir esta prueba por si "puede aportar algún dato sobre los hechos investigados", que pivotan en relación al rescate de 53 millones que recibió la aerolínea de fondos públicos.
De este modo cita en forma legal al economista Julio César Calvo, encargado de elaborar un informe de parte de Plus Ultra que analiza las conclusiones de los peritos del juzgado. Tal y como avanzó este medio, la compañía que recibió la inyección de fondos destinados a empresas afectadas por la pandemia, presentó un "análisis contable" de este auditor que, a su vez, analizó las conclusiones de los peritos independientes. En concreto, estudió tres aspectos que cuestionaban que la firma cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno para acceder a la ayuda millonaria.
El economista, que ya realizó un informe previo para Plus Ultra relativo a la necesidad de que el juzgado desbloquease un tramo de la ayuda suspendido en julio, analiza en este nuevo documento los tres aspectos que llevó al despacho requerido por el juzgado a concluir que la compañía estaba en causa de disolución a fecha de 31 de diciembre de 2019. Así de un lado, analizan su tesis sobre la línea de crédito de 6,3 millones de euros de la entidad panameña Panacorp en 2017 y se canalizó en el paraíso fiscal de Dominica.
Solvencia de Plus Ultra
En segundo lugar valoran también las advertencias de los peritos acerca de la contabilización retroactiva de las provisiones de la compañía ante posibles litigios y, en tercer lugar, la posible incorrección en las cuentas de 2019 por la contabilización de la venta de un avión. En este último caso, el equipo legal encabezado por el despacho de Pedro Martín Molina advirtió que Plus Ultra se había anotado un resultado especialmente beneficioso con la venta de esta aeronave para cancelar una deuda de 8,9 millones con unos bonistas. La firma reportó unas ganancias de 6,3 millones de euros, pese a que el valor contable del aparato era de 2,66 millones.
Aunque Plus Ultra descarta irregularidad alguna y defiende la contabilización de la operación, los peritos del juzgado advirtieron de que la posible calificación del arrendamiento del avión como financiero en lugar de como operativo podría tener como resultado "una incorrecta imputación al resultado de 2019"; ejercicio clave para recibir el rescate puesto que uno de los requisitos exigidos por el Gobierno era que la firma no estuviera en situación concursal ni tuviera impagos con el sector público a fecha de 31 de diciembre de ese año.
La aerolínea contraatacó presentando este informe de parte el cual se terminará adhiriendo al caso tras el cambio de criterio de la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. La compañía recurrió su decisión inicial de no incluirlo en el procedimiento en un gesto que contó con el respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, además del sindicato Manos Limpias, cuya denuncia dio origen a esta causa. En lo que respecta a este último, expuso en un escrito que no se oponían a su recurso al entender que si no se le daba validez a la prueba Plus Ultra quedaría en situación de desventaja.
Respaldo de Abogacía y Fiscalía
"El Sindicato Manos Limpias jamás se persona en causa penal alguna con fines distintos a los de una recta administración de Justicia y averiguación de hechos que pudieran ser compatibles con una situación de corrupción. Esta parte entiende correcto el planteamiento de la mercantil Plus Ultra, pues si de lo que se trata es de alcanzar un conocimiento de la verdad sobre el investigado, entendemos que la prueba pericial debe ser admitida", expuso en su escrito.
Por su parte el Ministerio Fiscal (que está pendiente de que la magistrada resuelva sobre su última petición de archivo solicitada tras el careo) asegura que no existe ninguna pericial incorporada de parte de Plus Ultra, la cual está investigada en el procedimiento. Además recuerda que en la causa existen otros dictámenes como los ordenados por la SEPI en el momento de la concesión de la ayuda. En concreto se trata de dos trabajos, uno encargado a Deloitte como asesor jurídico y otro a DC Advisory como asesor financiero. A ellos se añade el trabajo independiente del perito imparcial que encargó el juzgado.
Similar tesis adopta la Abogacía General del Estado. Los servicios jurídicos del Estado, que defienden a los miembros del consejo gestor imputados en la causa, también salieron en defensa de la aerolínea y reprocharon a la juez que, en su negativa inicial a incorporar el trabajo de Plus Ultra no realizara una "motivación siquiera mínima" que permitiera conocer sus razones. "Esta representación entiende que el criterio técnico del perito de Plus Ultra podría resultar de la misma utilidad para esclarecer las cuestiones controvertidas que los anteriores y no permitirlo así merma las posibilidades de defensa que está en esta fase de instrucción deben serle reconocidas a todas las partes", expuso.
"Claras maniobras contables"
Cabe recordar que los servicios jurídicos del Gobierno, que también han pedido el carpetazo de las actuaciones, fueron especialmente críticos con el trabajo del despacho Martín Molina. La Abogacía expuso en un escrito dirigido al juzgado que no hubo irregularidad alguna en la gestión del préstamo en un paraíso fiscal o con la contabilización de los beneficios de la venta de un avión e incluso avisó que se podrían invalidar las conclusiones del perito por haberse extralimitado en el encargo que le hizo la magistrada.
Frente a este criterio se sitúan las otras dos acusaciones del procedimiento: Vox y Partido Popular. Ambos partidos se opusieron a que la juez incorporase este nuevo informe de Plus Ultra. La formación que lidera Santiago Abascal alegó que este trabajo se pretendía añadir al caso de forma "totalmente extemporánea" y que no era más que una prueba creada ad hoc para sustentar "las claras maniobras contables que se llevaron a cabo por la mercantil para considerarse empresa beneficiaria de la ayuda".
La juez, con todo, revoca su propia decisión del pasado mes de febrero y permite la incorporación de estas nuevas pruebas antes del careo de los peritos que se celebrará el próximo 29 de marzo. La instructora acordó esta nueva fecha después de invalidar el primer careo, celebrado el 18 de enero, por fallos en la grabación de la prueba. Tras la celebración de esta cita, en la que se volverán a exponer las conclusiones de los peritos del juzgado frente a los de la SEPI, la magistrada decidirá si archiva el caso Plus Ultra (como pide la Fiscalía) o sigue adelante con las diligencias.
