El titular del Juzgado de lo Social número 1 de León ha reprendido a la Consejería de Sanidad de Castilla y León por no haber tomado previsiones sanitarias en enero. El magistrado ha insistido en que la Administración autonómica debía haberse preparado para proteger al personal de los centros de salud desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Covid-19 como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
El reproche consta en un auto, recogido por Vozpópuli, en el que se desestima íntegramente el recurso de reposición interpuesto por la Consejería. En este sentido, el juez ha acordado mantener el auto de fecha 27 de marzo en el que requería al departamento de Sanidad de la Junta de Castilla y León -a petición del Colegio de Médicos de León- facilitar "de forma permanente, inmediata y suficiente" medidas de protección laboral al personal sanitario "al menos mientras dure la pandemia y sus consecuencias".
El magistrado ha estimado en su resolución que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, "de conformidad con las exigencias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debería haber tenido provisión" de equipos de protección individual "en cantidad suficiente para atender, al menos, las necesidades ordinarias de su personal a medio plazo".
Declaración de la OMS
Según ha destacado en el auto, dicha previsión "debería haberse incrementado tras la declaración por la OMS del brote de nuevo coronavirus 2019 (Covid-19) como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional efectuada el 30 de enero de 2020". A su juicio, en ese momento la Consejería "estaba en condiciones de articular medios de protección adecuados (...) para paliar, en la medida de lo posible las consecuencias de esta pandemia que estamos padeciendo".
En el marco de su recurso, el Letrado de la Junta ha acreditado ante el Juzgado varios correos electrónicos para acreditar el cumplimiento de la obligación de suministrar los equipos de protección individual necesarios para el personal sanitario. El magistrado, sin embargo, ha considerado que "no queda cumplidamente acreditado que dichas adquisiciones se hayan conseguido llevar a término en su totalidad y tampoco que dicho material se haya puesto a disposición del personal sanitario".
Material sanitario "insuficiente"
El juez ha concluido que las entregas de material realizadas por la Consejería de Sanidad "son claramente insuficientes para que los profesionales sanitarios puedan prestar sus funciones con un mínimo de garantía para la protección de su salud y de los usuarios del sistema". Y ha recordado a la Administración que "la declaración del estado de alarma no convierte al Ministerio de Sanidad en el empleador del personal sanitario" y que es responsabilidad de la comunidad autónoma velar por la seguridad del personal sanitario.
En las últimas semanas, Juzgados de lo Social han coincidido en que las autoridades responsables de suministrar equipos de protección individual a los médicos son las Comunidades Autónomas. Así lo han reflejado en las resoluciones judiciales que han tenido que dictar desde el pasado 14 de marzo a raíz de las reiteradas peticiones de material por parte de los sanitarios para hacer frente al coronavirus. En este sentido, han hecho hincapié en que la "dotación de los medios de protección indispensables" corresponde a la "Administración empleadora", que aún durante el estado de alarma "sigue conservando sus competencias".
