La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha rechazado la petición que le trasladó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas con el objetivo de elevar ya al Tribunal Supremo la pieza separada que se formaría en relación con los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, todos ellos aforados y a los que la juez 'preimputó' el pasado año 2013.
En un auto notificado este lunes a las partes, consultado por Europa Press, Alaya responde al Ministerio Público que "no ha lugar por ahora a la división de la causa en diferentes piezas separadas".
En su escrito del pasado 31 de marzo, el Ministerio Público consideraba, atendiendo tanto al auto del pasado mes de diciembre en el que Alaya volvía a 'preimputar' a los siete aforados citados como al informe pericial realizado por la Intervención General del Estado, "agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra las personas que gozan de fuero".
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la juez Mercedes Alaya elevar parte del caso de los ERE al Tribunal Supremo por la presunta implicación de un aforado, que no especifica, en la concesión de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.
La petición de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, se basa en un atestado que el grupo de delincuencia económica de la UCO de la Guardia Civil entregó la semana pasada sobre las ayudas concedidas a la estructura societaria vinculada a los empresarios y exconcejales del PSOE José Enrique Rosendo y José María Sayago centrada en la Sierra Norte. Además, la Guardia Civil destacó hace dos años en un atestado el papel esencial del diputado del PSOE José Antonio Viera en la ayudas en la comarca de la Sierra Norte.
Según un auto de Alaya de octubre de 2013, los dos exconcejales del PSOE percibieron "de forma arbitraria" 32 millones de euros, el 39% de las ayudas concedidas a empresas andaluzas por la Dirección General de Trabajo. Tras estudiar el "extenso y detallado" atestado, la Fiscalía pide que se forme una pieza separada de enjuiciamiento, como recuerda que ya solicitaron en marzo de este año.
Anticorrupción "entiende ya agotada la investigación en esta sede judicial en todo lo que es posible sin dirigir el procedimiento contra alguna de las personas que gozan de fuero". Por ello, "entiende que se debe proceder a elevar el conocimiento de esta pieza al órgano superior competente atendiendo a la calidad del fuero de alguna de las personas reseñadas en el atestado, en donde se describen (...) los indicios de criminalidad existentes respecto de cada uno"
