Nuevo quebradero de cabeza para el PP en el 'caso Púnica'. Tras la aparición de un testigo sorpresa que puede poner en apuros al presidente 'popular' de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y la reciente citación a declarar del ex diputado de Asamblea de Madrid Daniel Ortíz Espejo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha citado en calidad de investigado (el término que ha sustituido al de imputado) a un nuevo alcalde del partido. Se trata de Pedro Vicente Sánchez García, regidor de la pequeña localidad leonesa de Puebla de Lillo (700 habitantes) y considerado uno de los más estrechos colaboradores de la asesinada Isabel Carrasco y del también encausado por la trama de corrupción Martín Marcos Martínez Barazón. Sánchez García, que ganó los comicios de 2015 con un 60% de los votos, ya declaró como testigo en noviembre de 2014, pero ahora deberá comparecer ante el magistrado como presunto responsables de un delito de malversación de caudales públicos y otro de fraude en la contratación por los pagos que con dinero hizo público que presuntamente hizo a Alejandro de Pedro, el experto informático en reputación 'online' que trabajó para conseguir el apoyo de Génova a Marcos Barazón en sus aspiraciones políticas. Vozpópuli se puso este martes en contacto telefónico con el alcalde del municipio leonés que declinó hacer ningún comentario ya que aseguró "no saber nada" de su nueva situación judicial.
El alcalde de Puebla de Lillo (León) declarará el 13 de septiembre acusado de pagar con dinero público trabajos de reputación 'online' a Alejandro de Pedro
La comparecencia de Pedro Vicente Sánchez se producirá el próximo 13 de septiembre a las 12 horas, según aparece recogido en una providencia del juez Velasco a la que ha tenido acceso este diario. En el escueto escrito no se señala las acusaciones que le han llevado a citarle "en calidad de investigado con asistencia de letrado", pero detrás de ella se encuentra un informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó a finales de junio de 2015, hace más de un año. En el mismo, de más de 100 folios de extensión, los investigadores hacían un detallado "análisis sobre supuestas irregularidades cometidas en la Diputación de León" que presidía Martínez Barazón tras la muerte de Isabel Carrasco y donde el alcalde de Puebla de Lillo tenía el cargo de jefe de Gabinete de ambos. En el documento, el Instituto armado concluye que el alcalde de Puebla de Lillo es el presunto responsable de los delitos de malversación y fraude por pagar con fondos públicos trabajos para mejorar en Internet la imagen pública del presidente de la Diputación. También sugería al magistrado la imputación por los mismos hechos de otras seis personas, entre ellas el propio Martínez Barazón, Alejandro de Pedro y el socio de éste, José Antonio Alonso Conesa, así como de otras tres personas ligadas a la institución pública.
Sobre Pedro Vicente Sánchez, el informe de la UCO destaca que de las llamadas de teléfonos intervenidas a los investigados le señalan como "persona de la más íntima confianza" de Martínez Barazón y que, como tal, asistió "a las reuniones en las que se conciertan los términos de la configuración y adjudicación" de varios contratos públicos. El documento también resalta que el alcalde leonés actuaba "de facto como coordinador de prensa" del entonces presidente de la Diputación y que, como tal, "verificaba y aprobaba el pago de facturas emitidas por Alejandro de Pedro" cuyo abono se camuflaba por la inserción de publicidad institucional en la red de diarios 'zombies' de este último. "A juicio policial -continúa el documento-, dichas facturas eran emitidas presuntamente para costear los servicios de reputación online y asesoramiento-promoción política del presidente de la Diputación de León [Martínez Barzón] amparándose en la inserción y facturación de 'banner' publicitarios en los mismos diarios digitales de Alejandro de Pedro". Los agentes destacan que "llama la atención las razones de urgencia alegadas por Pedro Vicente [Sánchez] para no someter estas facturas al procedimiento de fiscalización ordinario" y que "a juicio policial" sólo pretendía "evitar" los controles de la Administración.
Declaraciones y documentos
El informe de la Guarida Civil también considera implicado al político leonés en el amaño frustrado por las detenciones de octubre de 2014 de la adjudicación de contratos en la estación de esquí de San Isidro a Alejandro de Pedro y su socio, José Antonio Alonso Conesa, con la que el presidente de la Diputación presuntamente intentaba 'pagar' a éstos sus gestiones en Génova para conseguir el apoyo del PP nacional en sus aspiraciones por presidir el partido en León. De hecho, Puebla de Lillo, la localidad del que era alcalde, es el municipio que alberga la mayor parte de dicha instalación de deportes de invierno. Diversos pinchazos telefónicos apuntan a que Pedro Vicente Sánchez estuvo presente en algunas de las reuniones que su jefe y amigo, Martínez Barazón, mantuvo con los dos principales implicados en la trama para "la materialización del proyecto de revitalización de las pistas y la articulación de los contratos para facílítar su adjudicación a las empresas de Alejandro de Pedro". Entre estas llamadas, los agentes destacan una de agosto de 2014 entre el experto en reputación informática y su socio en la que éste último comenta al primero un reciente encuentro con el presidente de la Diputación de León y que "en un momento que estaba hablando con Marcos [Martínez Barzón] llegó el alcalde [Pedro Vicente Sánchez] y José Antonio [Alonso Conesa] se calló para que éste no se enterara de lo que hablaban, pero Marcos le dijo le dijo que no se callara, que hablara sin problemas delante de Pedro, que era de su absoluta confianza".
Un informe de la UCO de junio de 2015 ya recogía declaraciones, documentos y 'pinchazos' telefónicos que implicaban a Pedro Vicente Sánchez en Púnica
En el documento policial se recogen también documentos y declaraciones de testigos que implican al alcalde de Puebla de Lillo en las presuntas irregularidades investigadas en León. Así, una de las trabajadoras del gabinete de prensa de la Diputación señaló a éste como el "coordinador" de los trabajos que se hacían en el mismo, entre los que se incluía el envío de noticias elaboradas a Alejandro de Pedro para que éste las replicara en su red de diarios 'zombies' y mejorara la imagen en Internet de Martínez Barazón. Otra empleada del mismo departamento también le señaló como la persona que le entregaba las facturas para pagar al experto en reputación online, además de firmarlas y pasárselas al interventor para que las validara. En el informe también aparece recogido un documento que supuestamente entregó el regidor ahora imputado al gerente de la empresa pública de Gestión de Residuos Solidos Urbanos de León (Gersul) para que ésta se hiciera cargo del pago de facturas a Alejandro de Pedro por un valor de 6.000 euros. La investigación ha constatado que una de las sociedades de este experto informático, Madiva Editorial, mantuvo un contrato con la Diputación de León desde mediados de 2013 hasta que se desató la operación a finales de octubre de 2014 a razón de 3.600 euros mensuales por mejorar la imagen en internet de la asesinada Isabel Carrasco, primero, y de Martínez Barazón, después. En total, la Diputación reconoció a la Audiencia Nacional pagos por algo más de 105.000 euros en dos años y medio por este concepto.
Cuando el próximo 13 de septiembre el alcalde de Puebla de Lillo acuda a la Audiencia Nacional a declarar no será la pirmera vez que visite dicho órgano judicial. El 18 de noviembre de 2014, sólo tres semanas después de la detención de los principales implicados en el caso Púnica, entre ellos su jefe y amigo Marcos Martínez Barazón, ya fue convocado por el juez Velasco. Entonces lo hizo como testigo en una comparecencia que duró menos de 20 minutos. Ahora, sin embargo, Pedro Vicente Sánchez lo hará como imputado y en la fase final de la instrucción de la pieza separada del sumario que el magistrado denominó "hechos referentes a la Diputación de León" que quiere concluir en breve. En esta pieza, además de él, de Martínez Barzón, Alejandro de Pedro y Alonso Conesa, están imputados al menos el interventor Manuel Jesús López Sánchez y el empresario Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela.
EL 'Martes y 13' del PP en el 'caso PÚNICA'
El juez Velasco ha retornado de las vacaciones dando un nuevo impulso al 'caso Púnica'. En los últimos días, ha dictado nuevas providencias y autos para encargar diligencias e informes, algunos de ellos a la Agencia Tributaria, y para responder a diferentes recursos de los imputados. También ha fijado nuevas declaraciones. Curiosamente, el día elegido para tres de ellas ha sido el próximo 13 de septiembre, martes, en la que pasarán por su despacho un testigo y dos imputados para que declaren sobre tres líneas de investigación distintas, pero que tienen como punto en común afectar directamente al PP. El primero en hacerlo será un trabajador de la Consejería de Educación del Gobierno de la Región de Murcia, a quien el magistrado quiere escuchar para corroborar el contenido de varias cartas que le ha enviado con datos sobre las andanzas de la trama en esta comunidad. Su testimonio puede ser clave para avanzar en las pesquisas sobre Pedro Antonio Sánchez, actual presidente 'popular' del Ejecutivo autonómico y que cuando estalló el escándalo de corrupción ocupaba, precisamente, la cartera de Educación en el mismo. El siguiente en pasar por el despacho del juez será el ex diputado de la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Móstoles Daniel Ortiz Espejo, quien tuvo que renunciar a su escaño -y a la condición de aforado- después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidiera actuar contra él por su presunta implicación en el amaño de un contrato de 73 millones de euros de eficiencia energética en favor de una empresa de la Pünica. Tras él, le tocará el turno, precisamente, a Pedro Vicente Sánchez, el alcalde de Puebla de Lillo.
