El supuesto blanqueo de dinero que el juez José Castro imputa a la infanta Cristina en el auto de este lunes por el que la cita a declarar el próximo 8 de marzo detalla como una de las pruebas principales la adquisición de varias propiedades inmobiliarias en la Islas Baleares y Cataluña durante los años 2004 y 2007 por parte de Aizoon SL, la empresa que compartían a partes iguales la hija del Rey y su marido, Iñaki Urdangarín. En concreto, se trata de la compra tres viviendas, otros tantos trasteros y dos plazas de garaje que posteriormente eran alquilados por la sociedad de la pareja a particulares. El escrito del magistrado destaca que tras analizar al detalle los ingresos lícitos de la mercantil de los duques de Palma durante aquellos años "las cuentas no salen [...] para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios". Por ello, apunta a que buena parte del dinero que se utilizó "para cubrir el total de la operación" tendría como origen "ingresos de procedencia supuestamente ilícita" fruto de las actividades presuntamente delictivas del Instituto Nóos y del fraude a Hacienda supuestamente cometido a través de Aizoon SL.
La sociedad de los duques de Palma financió la adquisición de la finca con créditos hipotecarios de BBVA y La Caixa. El magistrado cree que Aizoon no podía hacer frente a las cuotas mensuales sólo con los ingresos que declaraba
El juez 'fija' su atención en dichas operación inmobiliarias en el punto decimocuarto de su escrito, en el que detalla que el 24 de septiembre de 2004, la sociedad propiedad al 50% de la hija del Rey y su marido adquirió a la empresa Encinar del Norte SA seis fincas situadas todas ellas en los número 8-10 de la calle Pedrera, en el casco urbano de Palma de Mallorca. En concreto, la compra incluyó una vivienda en la plata segunda del edificio, otra en la cuarta, dos trasteros y dos plazas de garaje. El magistrado detalla que, incluyendo el IVA de dichas operaciones, la mercantil de la infanta y su esposo pagó un total de 409.290 euros, cantidad que "se habría de incrementar con los aranceles de la notaria y del registro de la propiedad y honorarios de la gestoría que interviniera".
El auto detalla que el mismo día de la aquisición, Aizoon constituyó dos hipotecas con el BBVA. En la primera, por un importe de 198.000 euros, supuestamente fue destinado a sufragar una de las viviendas, un trastero y una plaza de garaje. El segundo crédito, de 192.000 euros, para las otras tres propiedades. El juez destaca que en ambos casos no se hizo contar "con qué ingresos habría de hacerle frente" a las 240 cuotas mensuales fijadas para amortizar capital y pagar intereses. En total, todos los meses la pareja debía pagar a la entidad financiera "algo más de 1.100 euros mensuales", especifica el juez.
En su escrito, el magistrado destaca también que si se suman los 390.000 euros obtenidos de financiación gracias a los préstamos del BBVA (y que consideran que "serían bastantes menos" porque las entidades financiera suelen retener un 10% del total del prestamo para hacer frente a diversos gastos) a los 6.600 euros que la propia Aizoon SL declaró como ingresos en el Impuesto de Sociedades en 2004, el año de las adquisiciones, "el resultado sería insuficiente para cubrir el total de la operación". En este punto, el juez ya señala directamente a los fondos obtenidos supuestamente de modo ilíctio por la pareja a través del "entramado societario" a la que pertenecían, principalmente Iñaki Urdangarín, y que "en ese ejercicio y según la propia Agencia Tributaria, representaba el 95,16 [por ciento] de sus ingresos".
Y otras dos adquiridas en 2007
Sin embargo, las sospechas de blanqueo por parte de la infanta y su esposo a través del 'ladrillo' no se queda en aquella operación inmobiliaria de 2004, y el magistrado la extiende a una segunda similar realizada ésta a finales de 2007. El 21 de diciembre de aquel año, la pareja adquirió de nuevo a través de Aizoon SL una vivienda situada en la planta primera del número 216 bis de la calle María Auxiliadora de Tarrasa (Barcelona) y un trastero en el mismo edificio. Según refleja el juez en el escrito por el que cita como imputada a la hija del Rey, dicha adquisición tuvo un precio de compraventa de 231.390 euros más IVA y que el mismo fue abonado en el acto a la empresa propietarias de los inmuebles, Prodito 2005 SL,mediante "dos cheques bancarios nominativos". Como en la anterior adquisición, ese mismo día los duques de Palma solicitaron una hipoteca por un importe de 191.200 euros que obtuvo de La Caixa, donde trabajaba la infanta, y que deberían devolver en 180 cuotas mensuales. En este punto, el juez destaca que "sobre esta compra y su financiación pueden hacerse las mismas reflesiones que sobre las anteriores".
El auto del juez apunta a dos fuentes de ingresos ilíicito como fuente de financiación en la compra de las ocho fincas: el dinero saqueado por el Instituto Nóos y "las actividades defraudatorias contra la Hacienda Pública"
A partir de aquí, el auto del magistrado analiza de dónde podría proceder el dinero necesario para hacer frente a las tres hipotecas suscritas por Aizoon y, sobre todo, si el dinero obtenido por la actividad de la sociedad de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín era suficiente para hacer frente a las amoritzaciones de capital y de intereses que exigían los mismos. Aquí, el juez echa mano de un análisis realizado por la Agencia Tributaria sobre los ingresos obtenidos por la mercantil en el ejercicio 2007 y 2008 y que, destaca, proceden únicamente de dos fuentes: el arrendamiento de los tres pisos propiedad del matrimonio situados en Paama de Mallorca y, en segundo lugar, del subarrendamiento de otro dos que Aizoon tenía arrrendados a Noos Consultaria SL también en la capital balear. La conclusión a la que llega el juez Castro es que con la suma de todos estos ingresos "las cuentas no salen" ya que estima que "no bastarían para cubrir el pago de las mensualidades de los préstamos hipotecarios".
Por ello, el escrito judicial concluye que "las fincas adquiridas se han financiado en parte con ingresos de procedencia supuestamente ilícita". ¿Cuáles? El magistrado apunta en dos direcciones. En primer lugar, a los que Urdangarín presuntamente obtuvo con el Instituto Nóos, la sociedad a través de la que supuestamente saqueó las arcas públicas de las comunidad valenana y balear con la organización de eventos cuyo coste infló millonariamente. Y, en segundo lugar, de "los derivados de actividades defraudatorias contra la Hacienda Pública" a través de Aizoon SL, la sociedad que, como se destaca en el escrito de manera reiterada, pertenece a partes iguales al duque de Palma y a la hija del rey,
