El enfado del juez Pablo Ruz con los bancos va en aumento según se acerca el final de la instrucción del 'caso Gürtel'. En los últimos meses, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha enviado a cuatro entidades financieras requerimientos para que le entregaran de modo urgente toda la documentación que tuvieran sobre distintos movimientos económicos de imputados que en su día había pedido y sobre los que los bancos no le habían dado respuesta satisfactoria. A tres de ellas les ha llegado a enviar a la Policía con autos en los que les advertía de que registraría algunas de sus sucursales si no atendían voluntariamente a su petición de información. El último ejemplo se produjo ayer, cuando el secretario judicial acompañado de ocho policías y funcionarios de la Agencia Tributaria se desplazaron a la oficina madrileña de Bankia donde la mujer de Luis Bárcenas tenía una cuenta para reclamar toda la información sobre dos sospechosos apuntes de los que la entidad financiera había asegurado hasta ahora no tener "justificantes".
Los primeros que fueron registrados por orden de Ruz fueron Sabadell y Bankinter. Llevaban meses enviando datos contradictorios sobre una transferencia de 1,6 millones de euros
Cuatro meses antes habían sido Sabadell y Bankinter los que recibieron parecida visita. La comisión judicial les exigió la entrega inmediata de toda la documentación que tuvieran de un movimiento de 1,6 millones de euros del exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo sobre el que ambas entidades habían enviado reiteradamente una sucesión de datos contradictorios. Todo apunta a que el próximo puede ser el Banco Popular, entidad financiera a la que un reciente informe de Hacienda remitido al juez critica por no haber informado sobre los millonarios y sospechosos movimientos de seis cuentas ligadas a Amando Mayo, un empresario zaragozano considerado uno de los supuestos gestores de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la trama.
El primer ejemplo de que la paciencia de Ruz con los bancos se ha agotado se produjo el pasado 8 de noviembre. Ese día, integrantes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se personaron en la la sucursal que el Sabadell tiene en la Gran Vía de Madrid en busca de datos sobre los movimientos de la cuenta que en esa oficina tenía abierta López Viejo, el que fuera considerado el 'delfín' de Esperanza Aguirre. Horas después, los policías se desplazaban al 'back office' que Bankinter tiene en la localidad de Tres Cantos, a las afueras de la capital, y en cuyas instalaciones se almacena toda la información contable de los clientes del banco en formato digital. El objetivo era recabar datos sobre sendos depósitos a nombre del exconsejero madrileño. El auto judicial que autorizaba ambos registros contemplaba incluso la posibilidad de entrar en otras dos sucursales de la última entidad, las situadas en las madrileñas calles General Perón y Caleruega, si en las oficinas centrales no encontraban la documentación que buscaban, Finalmente no hizo falta.
Del extranjero a España
Con esta diligencia, el juez pretendía aclarar los detalles que rodeaban al ingreso de 1,6 millones de euros realizado el 21 de febrero de 2008 en una de las cuentas que López Viejo tenía entonces en el Bankinter y que, según la documentación remitida en su día por esta entidad, tenía su origen en "una operación de extranjero". Sin embargo en un escrito fechado el pasado 5 de septiembre, este banco aseguró que pese a lo manifestado en un primer momento, dicho movimiento se había producido "entre cuentas del mismo titular" situadas en España. Con ello, el banco parecía querer justificar que en su día no alertase de dicha operación sospehosa al Banco de España como le obliga la ley antiblanqueo. En aquel escrito, la entidad modificaba también el número de la cuenta en el que se había realizado el ingreso y situaba el origen en un depósito del Banco Sabadell situada en la madrileña Gran Vía.
Once días después, era esta última entidad la que justificaba dicho movimiento y confirmaba, en apariencia, los datos facilitados por sus colegas sobre la operación. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción siguió encontrando incongruencias en la nueva documentación aportada, sobre todo cuando se comparaba con la que en 2011 había remitido Bankinter de la cuenta en la que ahora decían que se había hecho el ingreso. De hecho, según el listado de movimientos de dicho depósito, éstos habían finalizado en 2005, es decir, tres años antes de la llegada de los 1,6 millones. Además, también había divergencias sobre la titularidad de la misma. En 2010 informaron al juzgado que era del exconsejero madrileño y de su esposa, Teresa Gabarra, también imputada, y en los últimos datos hablaban sólo del político. Por todo ello, las fiscales del 'caso Gürtel' solicitaron al juez Ruz la entrada en las entidades bancarias. El magistrado accedió a ello.
Sin justificantes
Algo parecido ha pasado ahora con Bankia. Ayer martes, el magistrado enviaba una nutrida delegación compuesta por el secretario judicial, policías y funcionarios de la Agencia Tributaria, entre ellos "expertos informáticos", a la sucursal que la antigua Caja Madrid tenía en el número 32 de la madrileña calle de Príncipe de Vergara para recabar información sobre dos sospechosos movimientos que aparecían en los extractos de una cuenta abierta por Rosalía Iglesias, mujer de Luis Bárcenas y también imputada en el caso Gürtel. En concreto, quería conocer todos los detalles posibles sobre el ingreso de medio millón de euros realizado en metálico el 19 de enero de 2006 y la salida de 149.000 euros en abril de 2005 mediante un cheque. Esta última cantidad se corresponde con el dinero presuntamente recibido por Rosalía Iglesias en octubre de 2004 de la supuesta 'caja B' del PP para la compra de acciones de Libertad Digital y que nunca fue repuesto. "En el caso de que no sea atendido el requerimiento", Ruz autorizaba a los agentes a registrar la oficina en busca de dicha información para lo que les marcaba el límite temporal de entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde de este martes.
Tras la visita de la Poicía, Bankia ha encontrado en sólo tres horas los justificantes de una transferencia de la mujer de Bárcenas que durante meses aseguró consideró ilocalizables
Detras de la drástica decisión del juez se encuentraba también el malestar que le ha provocado la escasa información sobre ambos movimientos que le había dado Bankia hasta ahora. El magistrado destacaba en el escrito "una falta de congruencia entre las explicaciones ofrecidas por la entidad para justificar tal omisión documental y la circunstancia de haberse remitido por la misma entidad bancaria documentación relativa a movimientos y operaciones anteriores en el tiempo". De hecho, el banco había aportado a lo largo de la investigación información referida a operaciones de 2004 y, sin embargo, se había excusado en "el tiempo trascurrido" para asegurar que no había encontrado información sobre estos dos, pese a que son posteriores. El juez incluso recordaba en su auto que, de ser cierto lo que alegaba la entidad, ésta podría haber vulnerado la ley de prevención de blanqueo de capitales, que obliga a conservar los datos durante 10 años.
Según fuentes jurídicas, finalmente no hizo falta realizar el registro ya que los empleados de la entidad se comprometieron a facilitar buena parte de la documentación reclamada en cuestión de horas. Así fue. Un minuto después de la una de la tarde, es decir, sólo tres horas después del registro, Bankia remitía por fax al Juzgado información concreta sobre el destino final de los 149.000 euros que Rosalía Iglesias sacó en abril de 2005 mediante un cheque de aquella cuenta. Dicho talón fue ingresado pocos días después de aquella fecha en un depósito del Santander y, más en concreto, en la sucursal que la entidad que dirige Emilio Botín tiene en el número 2003 de la Avenida Madrid, de Barcelona. El magistrado dio ayer 24 horas a los servicios jurídicos de este último banco para que le informen sobre quién es el titular de esta cuenta desconocida hasta ahora.
Seis nuevas cuentas bajo sospecha
La última entidad que puede sufrir el enfado del magistrado es el Banco Popular. La Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) envió hace unos días al juez Ruz un informe en el que aseguraba haber detectado que desde la cuenta en Suiza de uno de los imputados en la Gürtel, el empresario zaragozano Amando Mayo, se habían realizado elevados movimientos de dinero hacia un depósito abierto en el Banco Pastor (hoy absorbido por la entidad de Ángel Ron) abierto a nombre de un ciudadano de nuestro país y otro de nacionalidad argentina de los que sospechosamente no hay rastro en la AEAT. La investigación asegura que ambas personas tienen otros cinco depósitos en la misma entidad y que por todas ellas han llegado a pasar hasta 460 millones de euros que los investigadores de la Agencia Tributaria consideran que pueden estar relacionados con delitos fiscales o de blanqueo de capitales.
Un reciente informe de la ONIF critica que el Banco Popular no haya informado hasta ahora sobre las sospechosas transferencias millonarias registradas en seis cuentas
En su informe, la ONIF muestra su malestar hacia el Banco Popular y llega a califica de "especialmente grave" que no hubiera informado hasta este momento sobre dichos depósitos pese a que se le había requerido información en dos ocasiones anteriores. De hecho, la última remisión de documentación de la entidad, realizada el pasado 22 de noviembre, no incluía ninguna referencia sobre las mismas pese a que se le había informado que al menos una recibió dos transferencia de 100.000 euros en 2008 desde la cuenta que el empresario zaragozano tenia en Suiza a nombre de la empresa 'pantalla' Belfast Link y de la que en su día informaron las autoridades suizas en una comisión rogatoria.
Por todo ello, el juez Ruz emitió el pasado viernes un auto en el que reclamaba a la entidad financiera de Ron los datos sobre todos los destinatarios y emisores de las millonarias transferencias que nutrieron las seis cuentas bajo sospecha. Fuentes jurídicas aseguran a este diario que si la respuesta del Banco Popular no satisface al magistrado, "a éste no le va a temblar el pulso para enviar a la Policía a registrar las sucursales que haga falta". Bankia, Sabadell y Bankinter ya lo han sufrido en los últimos meses.
