José Antonio Choclán Montalvo, abogado defensor de Francisco Correa, el presunto ‘cerebro’ de la trama Gürtel, lleva un año enviando escritos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, para reclamarle que libere 120.000 euros del dinero embargado a su cliente tras su detención por la supuesta procedencia delictiva de estos fondos. El letrado, que asumió la defensa de Correa hace tres años, pretende destinar ese dinero al pago de parte de su elevada minuta.
El procurador del 'cerebro' de la Gürtel renunció a su labor por no haber cobrado. El letrado defensor amenaza con seguir sus pasos
Si no se hace, Choclán anuncia que no puede garantizar que siga representando a su cliente. No sería el primer caso en la Gürtel. El procurador de Correa renunció a su labor, precisamente, por no haber cobrado. La propuesta, sin embargo, tiene pocos visos de prosperar. Hasta ahora, tanto el juez instructor como la Fiscalía se han opuesto a sus pretensiones. De hecho, en su día se negaron incluso a habilitar 3.500 euros en concepto de provisión de fondos.
El letrado defensor solicitó por primera vez cobrar con cargo al patrimonio intervenido de su cliente en febrero del año pasado, sin que desde entonces haya conseguido su objetivo. En marzo de 2012 el juez y en junio de ese mismo año la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron tal pretensión. Choclán lo intentó de nuevo en octubre, también sin éxito. Su último escrito sostiene que se trata de una decisión contraria a la Constitución porque vulnera el derecho de Correa a disponer de un abogado de su confianza. En él también recalca que el imputado debe ser tratado "como inocente mientras no sea declarado culpable".
Dos resoluciones como argumento
“El sacrificio sin más del derecho de defensa sobre la base de una presunción contra el reo de que todos los bienes tienen un origen ilícito y la expectativa del Estado sobre su decomiso, comporta una limitación del contenido esencial del derecho de defensa incompatible con nuestro sistema constitucional de valores”, dice el texto del último recurso presentado por el abogado. “Ese celo en la tutela de la sociedad, del aseguramiento del proceso –continúa el escrito-, puede representar una medida cautelar desproporcionada”. Choclán recrimina a Ruz que con su decisión está negando el pago de honorarios al abogado libremente designado e impone al inculpado un abogado de oficio.
La defensa esgrime dos resoluciones para apoyar su petición. Una de ellas de 2007 dictada por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga en el ‘caso Malaya’, que aceptó al desbloqueo de bienes de los acusados para atender el pago a sus abogados, y otros dos autos de junio y septiembre de 2012 dictados por el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, que dispuso el levantamiento parcial del embargo que había sobre fondos para cubrir un 50% de las minutas presentadas por sus letrados defensores.
Pese a ambos antecedentes, la Fiscalía Anticorrupción ya ha mostrado su oposición al recurso de apelación de Choclán, quien en su día fue magistrado de la propia Audiencia Nacional. Sera la Sala de lo Penal de la este órgano judicial la que finalmente tenga que resolver de nuevo.
