El juez Pablo Ruz está decidido a llegar hasta el final con algunos de los apuntes concretos de los 'papeles de Bárcenas': aquellos que recogen el supuesto pago 'en negro' de 880.000 euros al arquitecto Gonzalo Urquijo por las obras de reforma que llevó a cabo en la sede del PP entre 2005 y 2011. Durante el registro realizado los pasados 27 y 28 de sepitiembre en la sede de la empresa de éste, Unifica Servicios Integrales SL, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontraron una carpeta de color amarillo que contenía, entre otros documentos, correos electrónicos "entre personal del PP y Unifica". Los investigadores también buscaron más pruebas de este cruce de 'emails' entre el partido y la empresa en los ordenadores del propio Urquijo y cinco de sus empleados, de cuyas cuentas extrajeron todos los mensajes que contenían para su posterior estudio. El objetivo, según fuentes jurídicas, es identificar a los responsables del PP que se concertaron "activamente" con el empresario para abonar parte de sus trabajos en dinero negro y para el magistrado son "colaboradores necesarios" del delito fiscal del que acusa al arquitecto.
El juez quiere identificar a los responsables del PP que acordaron el pago 'en negro' de parte de las obras con el arquitecto. Los considera "colaboradores necesarios" del delito fiscal del que acusa a éste
El juez ordenó dicho registro el mismo 27 de septiembre para que fuera realizado en la sede que la compañía tenía en el número 92 de la madrileña calle Conde de Peñalver, aunque la práctica del mismo no se conoció públicamente hasta tres días después, cuando el magistrado dictó un auto en el que imputaba a Urquijo y daba cuenta de la diligencia. Según el acta de entrada y registro, al que ha tenido acceso Vozpópuli, el mismo fue realizado por el secretario judicial del Juzgado Central de Instrucción número 5, al que acompañaron ocho policías de la UDEF y dos funcionarios de la Agencia Tributaria. El mismo se inició ya bien entrada la tarde del viernes, cuando en la oficinas se encontraban ya sólo cuatro empleados de la compañía, pero no el propio Urquijo, según se recoge en el documento judicial.
Lo primero que registraron los agentes fue el ordenador de una de las responsables de la compañía, Belén G.G., presente en aquel momento y de cuya memoria informática extrajeron impresos "el listado de facturas emitidas al PP, sus importes [y] formas de cobro". A partir de ahí, la relación de documentos intervenidos es larga, pero siempre centrada en recabar toda la información sobre las relaciones económicas entre Génova 13 y Unifica, sobre todo en lo referido a la reforma de la sede que supuestamente se pagó en 'negro', según reveló en su declaración del pasado 15 de julio Luis Bárcenas. Así, la comisión judicial recogió una relación de facturas entre los años 2006 y 2012 en diferentes formatos en las que el cliente era la formación de Mariano Rajoy, así como los presupuestos de las obras en la sede nacional del partido. En una de las carpetas, de color amarillo y con el rótulo "planta 7", en referencia a una de las que fue sometida a los trabajados de reforma, los agentes hallaron ya impresos el cruce de correos que ahora analiza el juez.
Actas de sus reuniones con el PP
No fue la única documentación relevante recogida. Los agentes también se llevaron presupuestos para reformar otras plantas del edificio, entre ellas la sexta y la sala de prensa, un contrato de ejecución de trabajos para un edificio del partido en Pamplona e, incluso, el presupuesto de pintura para el garaje y otras dependencias del inmuebles, incluida la la denominada "sala de maitines". En el despacho de Gonzalo Urquijo también se recogió abundante documentación por parte de los investigadores. Así, los agentes intervinieron un cuaderno, un CD, dos 'pen drive', un Ipad, un ordenador portátil, un disco duro externo y varios documentos en papel, entre ellos las actas de varias reuniones celebradas con el PP y una carpeta en la que se guardaban los presupuestos para la reforma de una de las plantas. En el resto de las oficinas de Unifica, la comisión judicial intervino otros dos ordenadores y otros tantos discos duros que se encontraban en el despacho del gerente.
Un informe de la Agencia Tributaria ha encontrado “falta de concordancia o descuadre” entre las facturas y certificados de obra girados por la empresa de Urquijo y la contabilidad oficial del PP
El registro fue tan laborioso que los agentes tuvieron que interrumpirlo casi catorce horas después de iniciado, cerca de las 10 de la mañana del día siguiente, y solicitar al juez Ruz más tiempo para terminar el 'clonado' de los equipos informáticos que podían contener información sensible. Las oficinas fueron entonces precintadas y a las cuatro y media de la tarde del sábado, el secretario judicial volvía a personarse en las mismas para finalizar el 'volcado' de la información contenida en discos duros, 'pen drive' y ordenadores, Ese día también sirvió para que los agentes extrajeran "los correos electrónicos almacenados en el sistema operativo" de los ordenadores que utilizaban el dueño de la empresa y cinco de sus empleados, y que obligaron a los agentes a utilizar dos discos duros de 1 y 2 Terabites. Poco después de las cinco de la tarde, la comisión judicial daba por terminado la diligencia de entrada y registro.
En el posterior auto por el que imputaba al arquitecto, el juez Ruz destacaba la "veracidad" de las anotaciones manuscritas en las que Bárcenas recogió la salida de 880.000 euros para pagar presuntamente a Urquijo. Esta cantidad nunca fue declarada por la empresa del arquitecto, lo que implica un delito fiscal. En su escrito, el magistrado también destacaba que en la contabilidad oficial del PP figuran dos pagos por adelantado al empresario por valor de 552.000 y 859.140 euros que éste no incluyó en sus facturas a la formación. Dos acusaciones que están respaldadas por un informe de los peritos de la Agencia Tributaria que en el que se resalta la “falta de concordancia o descuadre” entre las facturas y certificados de obra girados por la empresa de Urquijo durante la remodelación de la sede central popular, que se prolongó durante seis años, y los apuntes registrados en la contabilidad oficial del partido.
