Se llama Javier Ángel Fernández-Gallardo, es secretario judicial y se ha convertido en la nueva 'bestia negra' del PP en el caso de los llamados 'papeles de Bárcenas'. Él fue el autor del escrito en el que se alertaba al juez Pablo Ruz de que el PP le había supuestamente ocultado facturas y documentos contables referidos a las obras de reforma de la sede del partido bajo sospecha. Para ello, este funcionario público, mano derecha del magistrado en el juzgado, comparó "de forma exhaustiva" los 520 documentos contables que la formación política había remitido el pasado mes de agosto a la Audiencia Nacional con las 17 facturas que el representante legal del partido entregó hace escasas semanas a la Fiscalía Antiocrurpción para plantar cara a las conclusiones de un análisis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que dejaban en mal lugar a la formación. Su análisis dio un resultado sorprendente: faltaban al menos 12 documentos. Con su estudio, el funcionario abría la puerta al registro 'de facto' de Génova 13 que el juez ordenó horas después y que ha hecho estremercerse de nuevo los cimientos del partido del Gobienro.
El propio secretario judicial, acompañado de dos policías de la UDEF, fue el encargado de realizar el registro 'de facto' de la sede del PP
El escrito del secretario judicial, en concreto una "diligencia de constancia", está fechado el 18 de diciembre, sólo 24 horas antes de que el magistrado dictase su demoledor último auto en el que ordenaba "requerir" al PP la documentación presuntamente escamoteada y, en su defecto, registrar sus oficinas en busca de la misma . En él, Javier Ángel Fernández-Gallardo hacía constar que el 5 de diciembre pasado había hecho entrada en el Juzgado Central de Instrucción número 5 el informe de Anticorrupción con el que se acompañaba el escrito que tres días había presentado ante la Fiscalía el abogado Alberto Durán, representante legal del partido. De este último documento, el funcionario destacaba que llevaba adjunto como anexo bajo la denominación "fotocopias documentación Unifica [nombre de la empresa que hizo la millonaria reforma de la sede]" un total de 17 hojas relacionadas con "la facturación y pago de determinadas obras" en Génova 13. "Dicho documento se une a las actuaciones mediante proveído de fecha 9.12.2012, el cual ha sido notificado en dicha fecha en forma a todas las partes personadas", concluía el primer párrafo.
A partir de ahí, Javier Ángel Fernández-Gallardo comienza a analizar en su "diligencia de constacia" el contenido del escrito del PP y, sobre todo, la documentación que incorporaba como anexo. Así, el funcionario destaca que la formación política afirmaba en el mismo en un par de ocasiones que las facturas que se anexaban "ya figuran en el Juzgado". Sin embargo, el secretario judicial concluye que esto no es, ni mucho menos, así. "Una vez comprobada de forma exhaustiva la totalidad de los documentos aportados junto con escrito de 10.08.2013", el día del pasado verano en el que el PP remitió al juzgado 520 documentos que supuestamente eran la totalidad de los que obraban en su poder sobre la reforma de la sede, "se ha podido constatar como sólo constan en dicha documentación [...] 5 de los 17 documentos aportado en este nuevo escrito", detalla para a continuación enumerar cuáles eran los que sí aparecían realmente como entregados. Se trataba, en concreto, de cuatro facturas de ejecución de las obras realizadas en las plantas 2, 3, 4 y 5 del edficio, asi como un talón del Banco Popular. "Todo ello lo hago constar a los efectos que procedan", concluía su "diligencia de constancia" el secretario judicial.
Al frente del registro
Al día siguiente, el juez redactaba un auto de 18 folios en el que, tras dar un somero repaso a la situación de la investigación sobre los papeles de Bárcenas, con especial atención a la línea abierta sobre los supuestos pagos en negro de las obras de remodelación, ordenaba a una comisión judicial, formada por dos agentes de la UDEF y encabezada precisamente por Javier Ángel Fernández-Gallardo, personarse en la sede del PP para realizar un registro 'de facto' en diversas dependencias del mismo, en concreto, las que acogían la tesorería y gerencia. Además, el magistrado ordenaba reclamar no sólo los originales de los doce documentos cuyas copias no se habían incorporado en su momento, sino también cualquier otro documento que sobre las obras bajo sospecha aún no estuviera en el sumario, además de acceso a los ordenadores de los tres exmiembros del equipo de finanzas del partido que se encuentran imputados: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez.
El auto reproduce el escrito del secretario judicial íntegro en el punto sexto de los "antecedentes de hecho, para, unos párrafos después, enumerar de qué documentos en concreto reclama los originales: ocho órdenes de pago con copia de los cheques emitidos, dos recibís del abono a cuenta de diferentes partidas y una factura de ejecución referida a los trabajos realizados en la tercera planta del edificio que sirve de 'cuartel general' del PP. A todos ellos, el juez los califica como "de relevancia para la presente instrucción" sobre todo por las "diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas" que figuran en los mismos. De hecho, se detiene en dos de ellos, los número 15 y 17, que en opinión del magistrado "aportan matices" sobre algunos documentos intervenidos en la sede la empresa que hizo la reforma. En ambos papeles, certificados del pago de 476.000 euros a Unifica, alguien añadió a mano en el último párafo la frase "no adeudando se nada por ningún otro concepto". Ruz quiere saber quién lo escribió. Génova vuelve a temblar, esta vez por 'culpa' de un anónimo funcionario judicial: la 'mano derecha' del juez.
