Nuevo episodio en el largo recorrido judicial que trata de esclarecer los términos en los que se produjo la tragedia militar de Hoyo de Manzanares, hace una década, en la que murieron cinco miembros de las Fuerzas Armadas y otros dos resultaron heridos al estallar una mina en el transcurso de unas maniobras. Uno de los efectivos heridos ha presentado una recusación contra la juez que lleva el caso y pide que se le aparte, después de que ésta le tomara declaración como investigado. El militar alega "enemistad manifiesta" e "interés directo o indirecto" de la titular del juzgado que investiga el episodio.
La tragedia tuvo lugar el 24 de febrero de 2011, en el campo de tiro de El Palancar de la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, ubicada en Hoyo de Manzanares (Madrid). Los militares del Ejército de Tierra y de Infantería de Marina se preparaban para su futuro despliegue en el Líbano y, por ello, afinaban sus capacidades en desactivación de explosivos. Una mina estalló durante el transcurso del ejercicio, en una tragedia que se saldó con la muerte de cinco militares y heridas graves en otros dos.
¿Qué falló en aquel fatídico accidente? Diez años después aún no hay una respuesta. Porque el proceso judicial abierto desde entonces, entre archivos y reaperturas, ha vivido varios giros significativos. Varios de ellos han tenido lugar este mismo año. El escrito de recusación, al que ha tenido acceso Vozpópuli, detalla que el teniente de Infantería de Marina, José Manuel Candón -quien sufrió heridas irreversibles en la explosión y atravesó un sinfín de operaciones quirúrgicas-, presentó el 2 de febrero un escrito donde pedía información al funcionamiento del Juzgado Togado Militar Territorial nº 11, donde se investiga la causa, al considerar que las dilaciones eran excesivas. Y el 8 de febrero presentó un escrito alegando que esas dilaciones podían beneficiar a las posibles personas y autoridades que pudieran resultar responsables de los hechos.
Así se llega al 23 de febrero, siempre siguiendo la cronología descrita en el escrito de recusación. En esa fecha, la condición del teniente Candón pasó de testigo/perjudicado a investigado como presunto autor de una batería de delitos; en otros términos, como supuesto responsable de la tragedia. Pero el Ministerio fiscal recurrió el auto de procesamiento al considerar que no se le había informado previamente de la imputación y que se vulneraba su derecho de defensa. Al mismo tiempo, el Tribunal Militar Territorial Primero revocó el auto de procesamiento a principios de mayo, al considerar que existían opiniones y conjeturas, pero ausencias de indicios de criminalidad, como detalló La Razón.
Pese a todo, la juez insistió en la citación del teniente Candón en calidad de investigado, lo que le comunicó el 1 de junio de 2021. Así, el militar prestó declaración el 10 de junio y el día 17 se le notificó el auto de procesamiento. Pasaron varios meses, pero finalmente el Tribunal Militar Territorial Primero rechazó la 'imputación' del militar: "Se acuerda el sobreseimiento definitivo del presente sumario respecto al procesado", rezaba el escrito.
El incidente de recusación
Un recorrido judicial arduo y enrevesado, pero que aún no ha vivido su último episodio. Porque el teniente Candón, a través de su abogado, ha presentado un incidente de recusación en el que pide apartar a la juez de la causa. A su juicio confluyen dos elementos por los que la magistrada no debe estar al frente de la investigación: "Enemistad manifiesta con cualquiera de las partes" o "interés directo o indirecto en el pleito", extremos recogidos en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El escrito de recusación fundamenta esa supuesta animadversión de la magistrada hacia el militar en su "persistencia" de hacer recaer sobre él la responsabilidad de la tragedia, en la negación de una prórroga en el procedimiento para que el teniente pudiera leer el auto de 'imputación' del 23 de febrero, en su "persistencia" de tomarle declaración y dictar nuevo auto. También señalan su "forma arbitraria" de llevar las actuaciones y la "coincidencia en el tiempo" del escrito que presentó el militar para pedir información sobre el tribunal con la comunicación de su condición de investigado.
Sobre el "interés directo o indirecto" que la juez pueda tener en la causa, el escrito de recusación apunta a una "sospecha de parcialidad" de la juez por su supuesta "inclinación" en encarrilar la causa hacia el mismo sentido: el procesamiento en dos ocasiones del teniente Candón. Con todo ello, la defensa del militar considera que "está en juego" el derecho fundamental a un proceso justo y con todas las garantías. Por eso piden que se cuente con un "juez imparcial" para investigar los hechos.
Se trata de un nuevo episodio en un procedimiento que se prolonga desde hace más de diez años. Una tragedia militar que aún no tiene respuesta. Al menos, y por el momento, en el escenario judicial. La Justicia deberá determinar si debe ser la misma magistrada que ha llevado hasta ahora el caso la que tenga la última palabra... O si es otro quien a partir de ahora lleve el caso.
