España tarda en desalojar a un okupa ilegal, según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una media de 18,1 meses. Un tiempo excesivo, algo más de año y medio, si se tiene en cuenta que otros países de nuestro entorno tienen leyes mucho más duras. Mientras que España tarda 9,6 meses en "procedimientos verbales posesorios" en los Juzgados de primera Instancia e Instrucción y otros 8,5 meses en "apelaciones de sentencias de juicios verbales" de las Audiencias Provinciales, otras naciones lo solucionan en pocos días mediante un juicio rápido.

Es el caso de Reino Unido. Allí, la policía puede entrar en un edifico o casa sin notificación judicial: basta con la sospecha de que en esa vivienda se está produciendo un delito de okupación. Si los propietarios son quienes detectan que hay okupas en su vivienda, pueden denunciar o, si no han pasado 28 días, rellenar el formulario de 'orden de posesión interina'. Este documento, una vez aprobado por las autoridades, es entregado a los okupas. A partir de ese momento, tienen 24 horas para abandonar el domicilio. En caso de no hacerlo, la policía puede detenerlos y enviarles a prisión, con penas de hasta 51 semanas de cárcel y/o 5.000 libras.

En Italia, la policía no puede entrar en una vivienda okupada, salvo que exista una denuncia, aunque una vez esta se produce, el proceso judicial no se alarga en el tiempo: un tribunal evalúa el caso en un juicio rápido y en caso de que los okupas sean culpables, se ordena su desalojo inmediato. Además de la pena -que puede incluir multa y/o prisión-, se evalúan los daños ocasionados en la vivienda, que también corren a cargo de los okupas.

En Países Bajos, Alemania, Suecia y Dinamarca no es necesaria la existencia de una sentencia judicial: basta con ir a una comisaría de policía, denunciar lo sucedido y demostrar ser el legítimo propietario. En ese instante, las autoridades activan un dispositivo para desalojar a los okupas de manera automática. Una vez realizado el desalojo, los tribunales deciden qué pena imponer a los infractores.

En Francia, la legislación era similar a la española, pero en 2021 el Gobierno de Macron aceleró el trámite. Ahora, una vez se ponga la denuncia, un policía judicial acude a la vivienda para constatar que se está produciendo un delito. En caso de ser así, este emite una solicitud de desalojo y un prefecto debe responder en menos de 48 horas con una decisión: desalojar la vivienda o no. En caso afirmativo, se solicita a los okupas que abandonen la vivienda en 24 horas; si no lo hacen, se produce un desalojo por la fuerza. Además, en este 2023, el Ejecutivo francés ha endurecido las penas por okupar una vivienda: estas han aumentado de un máximo de un año de prisión a tres y de una multa máxima de 15.000 euros a 45.000 euros.

Otros países, aunque han tenido serios problemas con los okupas, legislan para mejorar su situación. Es el caso de Croacia, donde hasta hace muy poco, gracias a la ley del hábitat de Yugoslavia, el propietario del 90% del piso era el okupa: el 'dueño nominal' tan solo poseía un 10% de la vivienda. El okupa tenía totales derechos sobre la vivienda: lo único que no podía hacer era venderla. Esto ha cambiado con los años y ha traído problemas, ya que se han desalojado viviendas que tenían okupas desde hace más de tres décadas: en 1996 comenzaron las desokupaciones, pero con la obligación por parte del propietario de buscar alojamiento a los okupas. En 1998, este requisito último dejó de existir. En la actualidad, los desalojos se producen sin la necesidad de una orden judicial.

Portugal, el caso más parecido al español

En Portugal, la situación es muy similar a la de España: tras producirse la denuncia, comienza un largo proceso judicial que se alarga muchos meses. El desalojo no se produce hasta que se produce el juicio y se publica una sentencia firme contra los okupas. Esto, como en España, es un proceso que dura más de un año.

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