España

Operación Deluxe: cinco años de investigación y sin rastro del cohecho en su recta final

La causa, que arrancó en 2018 y que salpica a policías, periodistas y a la Fábrica de la Tele, está finiquitada a la espera de que la Audiencia de Madrid resuelva una cascada de recursos

  • La investigación por la operación Deluxe constató reuniones del policía jubilado con los periodistas imputados -

La 'operación Deluxe' toca a su fin tras cinco años de investigación. La causa que se sigue contra un policía jubilado, la Fábrica de la Tele y varios periodistas del programa Sálvame por revelación de secretos está prácticamente finiquitada a falta de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre una cascada de recursos que tiene sobre la mesa. El procedimiento habría acreditado la presunta filtración de datos policiales confidenciales, pero no la existencia de pagos que determinarían la comisión de un delito de cohecho.

Fuentes jurídicas confirman a Vozpópuli que la investigación que ha dirigido Asuntos Internos lleva meses en punto muerto a la espera únicamente de que se resuelvan los recursos interpuestos. El sumario de la causa, al que ha tenido acceso este medio, recoge investigaciones, pinchazos telefónicos y documental que probaría que el policía ya jubilado, Ángel Jesús Fernández Hita, habría filtrado información secreta de un centenar de famosos.

Aunque el foco se fijó en este funcionario policial, la investigación acabó salpicando al periodista Gustavo González y a los directores de la productora La Fábrica de la Tele, Adrián Madrid y Óscar Cornejo. El primero de ellos figura como uno de los principales interlocutores del policía, a quien le solicitaba información confidencial sobre antecedentes penales o denuncias previas de sus objetivos.

Objetivo: decenas de famosos

Los agentes han llegado a identificar hasta 80 famosos que habrían sido objeto del policía imputado, aunque la cifra total de afectados asciende a alrededor de 140. Entre el largo listado de víctimas se encuentran Isabel Pantoja, José Fernando Ortega Mohedano, Nicolás 'Colate' Vallejo-Nájera, Fayna Bethencourt, Isabel Pantoja, Purificación Martín (Norma Duval), Mónica Pont, Andrés Pajares, Álvaro Muñoz-Escassi, Kiko Rivera, Ana García Obregón o María José Campanario, entre muchos otros.

"La mayoría de datos incautados, fechados al menos desde el año 2000, responden a una procedencia estrictamente policial, ya que se trata de datos contenidos en bases policiales de acceso restringido", reza uno de los oficios incorporados al sumario. La gran mayoría de información consultada durante estos años y difundida en el programa de Telecinco proviene de la base de datos Sindepol, que recoge todas las denuncias interpuestas ante la Policía.

El policía (filtró) datos reservados registrados en bases de datos de acceso restringido y con un propósito de difusión mediática, considerando que lleva aparejado alguna contraprestación

Los investigadores hablan de un "flujo de información privilegiada" entre el policía y el periodista Gustavo González. Se amparan no solo en las escuchas que se autorizaron a lo largo del 2018 por parte del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, sino también por todos los efectos intervenidos en los domicilios de los imputados. Así, por ejemplo, los agentes encontraron en la casa de González atestados policiales sobre el cantante Omar Montes o de Achraf Benoukiye, concursante de una edición de Gran Hermano.

Bases de datos policiales

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional identificó contactos con al menos 17 números de teléfonos asociados a periodistas de prensa rosa. Entre ellos destacan, además de Gustavo González, Belén Esteban, Kike Calleja, María Patiño y los móviles de la productora de la Fábrica de la Tele. También se evidenciaron llamadas con un director de seguridad de bancos, el responsable de seguridad de una urbanización de lujo y con un inspector jefe en segunda actividad que los agentes vinculan a una empresa de seguridad ligada a los almacenes de El Corte Inglés.

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De hecho, además de Hita, en la causa figuran como imputados otros dos funcionarios de la Policía a los que también se les abrió expediente disciplinario. De la transcripción de las conversaciones se desprenden más evidencias como el pantallazo que envió Gustavo González a una redactora del programa el 26 de junio de 2018, en el que le adjuntaba información policial de María del Carmen Martínez Pretel, expareja del empresario Julio Ruz.

Esta misma situación se repitió en relación con la conocida como 'timadora de los famosos' Mónica Gil Manzano. "Hola Gustavo. Ya estoy de vuelta. Estamos con el tema de Mónica Gil y me piden que nos miremos a ver qué aparece con su nombre y quien le ha denunciado. Su DNI es (...). Me lo miras porfi?", le remitió. El periodista se dirigió al policía imputado y le pidió toda esta documentación y, tras ello, se le facilitó información de bases policiales y de los vehículos a su nombre.

En busca del cohecho

De los informes policiales se desprenden decenas de búsquedas que se efectuaron desde el usuario de Hita. El funcionario también rebuscó en las fichas policiales de Maite Zaldívar, su expareja Julián Muñoz, Nilo Manrique (exmarido de Isabel Gemio y de quien interceptaron una denuncia), Luis Miguel Rodríguez 'el chatarrero', o Coto Matamoros.

La investigación de la Unidad de Asuntos Internos se centró en tratar de esclarecer si se produjeron pagos de cuantías a cambio de todo este material que se difundió a lo largo de muchos programas de Sálvame. Al respecto, cabe destacar que Hita confirmó todos estos hechos en una entrevista al diario Confidencial. Según dijo, filtró todo este material al periodista investigado por una cuestión de amistad, aunque hizo hincapié en que no cobró ninguna cuantía por ello.

Las fuentes consultadas explican que en los cinco años de causa no hay indicios que demuestren que los beneficiarios de toda esta información abonaron pagos al funcionario. De esta forma, los investigadores tienen complicado probar el cohecho, por lo que la causa se centra específicamente en la revelación de secretos. Un delito que lleva aparejadas penas de prisión de uno a cuatro años, pero que pueden ser superiores cuando concurren agravantes, como por ejemplo que este material se difunda a terceros.

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