Andalucía es la comunidad de España donde más tiempo hay que esperar para acceder al derecho regulado por la Ley de la Dependencia. La media es de 609 días, por eso, cada día, fallecen más de 10 personas en Andalucía esperando a que les llegue su prestación, indispensable para mantener una calidad de vida mínima.
CCOO, reforzadas por la oposición del PSOE, se manifiesta este sábado ante el colapso de la asistencia, pero desde la Junta de Andalucía reseñan la sustancial mejoría de las cifras. La consejera Loles López ha aludido al “caos” que recibió su gobierno en 2019. Pero los mayores, principales afectados del naufragio administrativo, siguen esperando y exigiendo mejoras.
La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) nos confirma que son 11 personas las que mueren cada día en espera de que se resuelva su expediente. Solo en el primer semestre más de 1600 personas murieron esperando una respuesta a su llamada de ayuda. “Seguimos a la cola”, detalla el presidente Martín Durán. El máximo tiempo según la Ley de Dependencia debe ser de 180 días. En España, la media está en 329 días...
Desde la entidades sindicales, CCOO Andalucía revela que 12.000 andaluces murieron en 2023 sin saber si les habían concedido o no su ayuda y desde CSIF cifran en 400 los funcionarios que harían falta para resolver el cuello de botella que enfrenta la Junta.
El PSOE se focaliza en el "agujero negro” que supone la dependencia
El secretario general del PSOE en Andalucía ha agendado esta semana numerosos eventos en torno a la gestión de los recursos para las personas dependientes y su asistencia. “Moreno Bonilla que no cree en este sistema, no cree en un derecho como este y que, desgraciadamente, tanto cuando era responsable de este tema con Rajoy, como ahora, no avala el avance de la dependencia”.
Sin embargo, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López ofrece un diagnóstico distinto que no evita paliativos. Asume que “el sistema no funciona, ya lo sabemos todos” y confirma los datos que denuncian mayores, sindicatos y oposición.
La Junta dice que Andalucía es la peor ubicada en dependientes en lista de espera, más de 53.000 personas que esperan el triple de lo que estipula la norma, 609 días. Pero, para López, estas cifras tienen una explicación, la herencia recibida: siempre según la consejera, Andalucía tuvo en 2016 a 200.000 personas en lista de espera con demoras de hasta 3 años y medio, “si lo de hoy es delicado, aquello era un caos”.
La Junta también esgrime la ampliación de la ayuda a personas y expedientes que “antes estaban ocultos”, con un total actual de 288.000 personas atendidas, que hacen que en Andalucía haya más dependientes que en ninguna otra comunidad. El envejecimiento de la población está tras esta cifra. Pero también la inclusión de 4.553 personas más que antes de 2019, cuando no tenían su derecho reconocido “así, es normal que suba la media –de días de espera- y seguirá aumentando, porque vamos a seguir asistiendo a personas que no han estado reconocidas”.
Cuestión de gestión, pero también de presupuesto
Desde la Consejería destacan la simplificación en procesos administrativos, las dos inspecciones que debían superar los pacientes para ser beneficiarios de las ayudas o de la asistencia se han unificado en un único trámite. Pero también destacan la falta de inversión.
La financiación de la asistencia se paga a partes iguales entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, “hemos puesto más dinero que nunca”. López declara que su gobierno has puesto en financiación 7.000 millones por los solo 3.000 que puesto Moncloa. El presidente de la Junta de Andalucía ya asumió ante los profesionales del sector que su gobierno había llegado al límite del gasto posible.
Sin embargo, desde la oposición y desde FOAM desechan esta versión, no es una cuestión de inversión, denuncian, sino de mala gestión. FOAM confirma que el Estado ha incrementado sustancialmente su financiación en la materia, mientras que la Junta la ha rebajado.
Respecto a la comparación con el pasado y la eterna alusión a la “herencia recibida", el dato matiza el catastrofismo de gobierno y oposición. En 2019, tras el último año de la administración socialista, tras la crisis de recorte de gasto público, la media de de resolución de los expedientes era de 621 días, una diferencia insustancial con la actualidady había 48.524 personas pendientes de valoración y 74.244 pendientes de resolución.
