El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga investiga presuntas irregularidades en las ayudas de fondos públicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), detectadas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al periodo 2010-2012. Así, este martes ha prestado declaración como investigado el que fuera delegado de Empleo Juan Carlos Lomeña. En esta causa se investigan delitos de malversación y prevaricación. Según han informado a Europa Press fuentes del caso, al menos cuatro personas, que en ese periodo eran responsables o cargos vinculados a Empleo y relacionados con la concesión de las ayudas, han prestado ya declaración en este procedimiento, que se inició a raíz de que la Fiscalía de Málaga remitiera las diligencias practicadas.
La Fiscalía malagueña comenzó a investigar en diciembre de 2014 tras el decreto del Fiscal Superior de Andalucía. Lo remitió al juzgado después de analizar la documentación e impulsar otras pesquisas, que confirmaron las supuestas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas relativas "tanto a la ilegitimidad de la obtención de las subvenciones como a la falta de un control de las mismas", cuestionando también el pago de incentivos. Los consorcios Utedlt --ya extinguidos-- eran entidades con personalidad jurídica propia, participados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la Administración local, a través de corporaciones municipales y supramunicipales. Se crearon como instrumento de colaboración para fomentar el empleo local, lograr un mayor aprovechamiento de los recursos en cada zona y acercar a los ciudadanos los servicios ofertados por la Junta en esa materia.
La Fiscalía malagueña comenzó a investigar en diciembre de 2014 tras el decreto del Fiscal Superior de Andalucía
Inicialmente, se detectaron irregularidades que van desde la propia actividad subvencionada hasta "la falta del necesario control de las actuaciones" que justificarían la ayuda. La Cámara de Cuentas señalaba que, aunque los beneficiarios estaban obligados a realizar la actividad que fundamenta la concesión de aquellas, "en realidad las ayudas recibidas tenían como finalidad el sufragar los costes salariales del personal de los consorcios". En el caso de Málaga había 14 Utedlt. Se concedieron por el SAE 3,5 millones de euros en 2010, un total de 3,4 millones en 2011 y 1,7 millones en 2012. En el escrito de la Fiscalía se precisaba que, pese a que los 'contratos programa' eran el eje del funcionamiento de los consorcios al delimitar las actividades a realizar, "lo cierto es que desde 2009 no se ha suscrito ninguno ni se han establecido objetivos a cumplir ni un sistema de evaluación que sirviera para calcular incentivos".
Al respecto, se señalaba que desde ese año el SAE "no sólo va a seguir financiando dichos consorcios, asumiendo el coste salarial de sus empleados, sino que va a abonar incentivos" a las unidades ubicadas en Málaga por un importe global de 819.497 euros entre 2010 y 2011. Respecto al control, la Fiscalía consideraba en su escrito que las ayudas recibidas por los consorcios "carecían de la necesaria justificación". En este sentido, el fiscal indicaba que, según el informe de la Policía, "no se ha encontrado en la documentación analizada" relativa a los consorcios de Málaga certificación del interventor de la entidad que refleje el destino de la subvención percibida, sino que "lo que existe es un certificado" de éste, con el visto bueno del responsable provincial de Empleo, que "no es lo que exige la normativa reguladora de estas ayudas públicas".
"Al no haberse establecido la actividad a desarrollar ni haberse determinado los objetivos a cumplir, el abono de incentivos por consecución de objetivos previstos resulta igualmente contrario a derecho", decía el ministerio público, que pedía la declaración como investigados de los representantes de las entidades beneficiarias y de los responsables de los consorcios y de las firmas de las certificaciones o resoluciones de ayudas. Así, a Lomeña, que fue responsable provincial de Empleo hasta agosto de 2011 y al que como delegado le correspondía la presidencia de los consorcios, se le ha preguntado por la estructura y funcionamiento de los mismos y sobre los controles que se llevaban a cabo, desvinculándose de cualquier responsabilidad en este sentido, al indicar que había otras personas que se encargaban de ejercer dichos controles administrativos, según han señalado otras fuentes.
