El Gobierno ha hecho una oferta formal a jueces y fiscales para tratar de evitar que retomen su intención de hacer huelga. Los Ministerios de Justicia y Hacienda han anunciado que crearán 200 plazas más entre este ejercicio y el que viene y también se han comprometido a convocar la Mesa de Retribuciones una vez al año. Se trata de propuestas que trasladan a las siete asociaciones de jueces y fiscales para que éstas lo aborden con sus asociados.
La proposición de Justicia se produce tras un cuarto encuentro en la sede del Ministerio. Estas últimas semanas representantes de las asociaciones de jueces y fiscales además de miembros de estos dos ministerios, del CGPJ y de la Fiscalía General se han reunido en el marco de la Mesa de Retribuciones convocada tras el fallido intento de octubre. Los encuentros se han celebrado con cierta tensión ante la amenaza de una huelga indefinida que la semana pasada se terminó postergando hasta el día 22 de mayo por petición expresa de Justicia.
A lo largo de estas jornadas se han negociado muchos de los reclamos de las asociaciones, aunque el punto clave ha sido el relativo a la subida salarial. El Ejecutivo comenzó ofreciendo un incremento de 44 millones, pero los convocantes rápidamente lo rechazaron al considerar que no llegaba a cubrir ni la mitad de todo el poder adquisitivo perdido en estos años. El sector denuncia que han sufrido una pérdida gradual del 20% ya que no se les sube el salario en dos décadas y ello pese a lo constatado en la ley de 2003 que regula sus retribuciones y que establece reuniones cada cinco años para analizar este asunto.
Huelga de jueces en el aire
El Gobierno aumentó hace una semana la cifra a 46,7 millones de euros (lo que equivaldría a una subida de unos 450 euros por nómina). Esta oferta dividió a las asociaciones ya que mientras las progresistas consideraron que era una buena oferta, otras siguieron tildándola de insuficiente. Las grietas entre los convocantes llevaron finalmente a acordar el retraso de la huelga (que estaba convocada para este mismo martes) hasta estudiar las sugerencias del Ministerio que dirige Pilar Llop.
Así pues, además del compromiso de aumentar los salarios, ofrecen también la creación de 200 plazas de jueces y fiscales en un plazo de dos años y reuniones anuales de la Mesa. Según explican en la nota, abordarán cuestiones que también preocupan al sector, como es el precio de las guardias. Precisamente este fue uno de los asuntos que llevó a las cinco asociaciones convocantes a recurrir a la huelga ya que, en algunos casos, no llegan a cobrar ni 50 céntimos la hora.
Al respecto, el Gobierno dice que se compromete a incrementar el complemento de destino por representación. También a modificar la legislación en tramitación para dotar a la presidencia de los tribunales de instancia de mayor fortaleza para asumir la carga de trabajo que afrontan. Del mismo modo, las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia verán fortalecido su papel ejecutivo.
En cuanto a los fiscales, el Gobierno se compromete a abordar "con la mayor celeridad" la tramitación de la conversión de plazas, el desdoblamiento de las fiscalías superiores y la inclusión de lo relativo a las plazas de fiscales decanos, fiscales delegados y fiscales de área en los anexos de la ley de 2003 reguladora del régimen retributivo de jueces y fiscales.
Quinta reunión el jueves
Con todo, asociaciones de jueces y fiscales se emplazan con Justicia a una nueva reunión este próximo jueves 18 de mayo. Precisamente una de las principales quejas de la carrera ha sido que no se ha cumplido con lo dispuesto en la ley, ya que en los últimos 20 años no se ha alcanzado ni una sola vez un acuerdo de subida salarial. El pasado mes de octubre Justicia convocó la Mesa pero la desconvocó sin mayor explicación. Ello llevó a los ahora convocantes a interponer demanda ante la Audiencia Nacional en aras a obligar a cumplir lo dispuesto en la normativa de 2003.
Al respecto el Ejecutivo se compromete ahora a constituir grupos de trabajo permanentes y a convocar la Comisión con carácter anual "para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados". "El Gobierno plantea que se establezca un nuevo marco de relaciones caracterizado por el diálogo continuado", reza la nota.
Así pues, el asunto queda ahora en manos de las asociaciones que abordarán la propuesta con sus asociados. Dos de ellas ya han mostrado su respaldo a la oferta del Ejecutivo. Se trata de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF); las que se desligaron del resto de asociaciones y prefirieron no convocar la huelga a la espera del avance de los encuentros con Justicia.
A su criterio se adhirieron parcialmente Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Las tres se mostraron partidarias la semana pasada de atender la petición que les formuló el Ministerio y retrasar unos días la convocatoria de huelga. A ellas se sumaron las otras dos restantes tras consultar a sus bases. Primero lo hizo la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y finalmente se adhirió la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM).
