La Justicia descartó antes del caso Villarejo que existiera relación entre el robo del móvil a la ex asistente de Pablo Iglesias, Dina Bousselham, y un plan para airear su contenido y perjudicar a Podemos como planteó su abogada. Tanto la juez que investigaba el hurto como luego los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid concluyeron que no había relación entre la sustracción de su terminal en 2015 en un Ikea y la publicación de su contenido en Ok Diario meses después.
Bousselham intentó sin éxito judicializar en varias ocasiones la difusión en la prensa de sus conversaciones junto con la denuncia inicial presentada por el robo del aparato. “No existe conexidad delictiva, entre el hurto del teléfono móvil ocurrido en un comercio de Alcorcón en noviembre de 2015, y una publicación de un diario digital casi un año después (julio de 2016) de información supuestamente cogida mediante captura del móvil sustraído”, dijo en un auto la juez de Alcorcón que había recibido la denuncia por el robo del celular.
La magistrada de instrucción número 5 de Alcorcón, Sara Perales Jarillo, contestaba así a la petición de Bousselham y su abogada, Marta Flor Núñez, de investigar un delito de revelación de secretos. También solicitaba citar a declarar como testigos a los periodistas responsables de la información y parar las publicaciones. Al recibir la negativa de la juez en dos ocasiones, Bousselham y su letrada recurrieron a la Audiencia Provincial.
"Integrante conocida de Podemos"
Entre otros argumentos, Marta Flor Núñez -quien luego ejercería también como letrada de Iglesias en el caso Villarejo- planteó que no había sido un robo casual sino a sabiendas de que el móvil era de una persona de Podemos y el objetivo último era airear sus comunicaciones: “No puede descartarse la existencia de un concierto o no para cometer el delito del robo del terminal de mi representada con el objeto final de publicar la información contenida en el mismo, tratándose de una integrante conocida de Podemos”.
También apuntó a que “el robo y los autores responsables de las publicaciones hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o relación entre sí”. Destacó además “la práctica de la prensa, que puede disponer de datos, fotos, etc de interés presuntamente periodístico, custodiados inclusive durante años esperando el mejor momento para sacar la ‘exclusiva’ de los mismos, por lo que este argumento no resulta una motivación suficiente para descartar la conexidad delictiva”. Sin embargo, este recurso de apelación también fue desestimado.
En un auto dictado en mayo de 2017 los tres jueces que integran la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, María del Carme Compaired, Valentín Sanz y Eduardo de Urbano coincidieron con la magistrada de Alcorcón: “Es evidente que estamos ante hechos diferentes, por el tiempo, lugar y presunta calificación jurídica de los mismos”.
Bousselham cesó en sus intentos
No consta que Bousselham acudiera a otro juzgado como le sugirieron los jueces para seguir pleiteando por separado la difusión de su tarjeta del teléfono en la prensa y la vulneración de su intimidad y sus comunicaciones privadas. No les consta tampoco a los investigadores del caso Villarejo. Este periódico se ha puesto en contacto tanto con Podemos como con Bousselham para recabar su versión, pero no han ofrecido ninguna explicación al respecto.
Cuando la Audiencia Provincial descartó la conexión entre el robo y un presunto plan contra Podemos faltaba todavía medio año para el arresto del comisario Villarejo y todavía un poco más para que los investigadores descubrieran entre sus pertenencias un pen drive con el contenido de la tarjeta de Bousselham. Nació así la pieza Dina, la que ocupa el puesto número de diez en el listado de piezas separada de la macrocausa sobre las actividades del polémico mando, preso desde noviembre de 2017.
Las pesquisas llevadas a cabo por la Audiencia Nacional y la Fiscalía anticorrupción llevaron el caso a otra dimensión. Lo que se sabe hasta ahora es que el contenido de la tarjeta llegó a la revista Interviú, del grupo Zeta. Allí revisaron su contenido y apreciaron que había documentos privados que afectaban al líder de Podemos. En enero de 2016 el presidente de este grupo de comunicación se reunió con Iglesias para entregarle la tarjeta. Pero al mismo tiempo, los responsables de la revista le dieron una copia de la misma a Villarejo.
El recorrido de la tarjeta
El contenido de la tarjeta acabó publicada en Ok Diario, incluyendo conversaciones de Telegram de dirigentes del partido como en la que Iglesias hablaba de azotar hasta sangrar a la periodista Mariló Montero. Esa es una de las razones por las que la Audiencia Nacional y la Fiscalía consideraron en un principio como perjudicado al líder de Podemos. Pero ahora esa situación ha cambiado y el juez apunta incluso a su responsabilidad en la comisión de varios delitos.
Atendiendo a la cronología revelada en torno a este caso, en enero de 2016 Pablo Iglesias ya tenía en su poder la tarjeta de Bousselham después de que se la entregase el dueño de Grupo Zeta. Cuando Bousselham dejaron de pleitear para que se judicializasen es en verano de ese año, cuando el juez calcula que el líder de Podemos le devolvió la tarjeta (presuntamente destruida).
El actual vicepresidente del Gobierno es aforado. La competencia para investigarle recae en el Tribunal Supremo, salvo que él renuncie a ese privilegio. Por su parte, el informe policial sobre el material incautado a Villarejo que originó la pieza separada Dina ya incluía en marzo de 2018 un análisis sobre el contenido de la tarjeta de Bousselham. Destacaban los investigadores el hallazgo en la subcarpeta sent (enviados) de los pantallazos de los chats que acabaron en la prensa.
En su última declaración en la Audiencia Nacional, la ex asistente de Iglesias no descartó que ella misma los hubiese enviado a otros miembros del partido. También se escudó en que alguien ha manipulado esos archivos porque lo que tenía y Villarejo no coincide con lo que ella almacenaba en el terminal que le robaron.
