Al menos seis personas -de ellas cuatro guardias civiles- están bajo el foco de la Justicia por impulsar una red que actuó contra organizaciones delictivas al margen de la Ley. El juzgado de instrucción número 13 de Madrid investiga, bajo secreto desde el estallido de esta operación el pasado mes de diciembre, a esta red a la que le atribuye una docena de delitos, entre ellos extorsión, robo con violencia, cohecho y contra la salud pública. Las pesquisas, que controlan de manera conjunta Asuntos Internos de la Guardia Civil y la Policía Judicial de la Policía Nacional, continúan bajo secreto de sumario siete meses después de su arranque.
Así lo confirman fuentes de toda solvencia a Vozpópuli, las cuáles precisan que la investigación se divide en varias fases. La primera de ella se remonta al 16 de diciembre, fecha en la que se produjo el estallido del operativo. En aquel momento los agentes al frente de las pesquisas detuvieron a un total de cuatro personas, tres de ellos guardias civiles y la cuarta en cuestión pareja de uno de ellos. De los tres agentes, dos están destinados en la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) del Instituto Armado y el tercero comisionado en esta unidad de élite, encargada de brindar una respuesta rápida ante vulneraciones de la ley.
Doce delitos graves
El avance de la investigación propició dos nuevas detenciones más: la de otro agente destinado en esta misma unidad y de una sexta a la que se le imputan los delitos de obstrucción a la Justicia y deslealtad profesional. Asimismo, hay un quinto agente del Instituto Armado que está en situación de investigado, pero al que no se ha detenido.
La investigación, que dirige el magistrado Hermenegildo Barrera y junto con la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, se ha mantenido estos meses bajo secreto de sumario debido al carácter secreto de las pesquisas y a la gravedad de los hechos. Los delitos que se atribuyen a la red son: hurto con prevalimiento, robo con violencia, receptación, cohecho, inviolabilidad del domicilio, falsificación de documento público, falsificación de monedas, delito de amenazas, lesiones, extorsión, revelación de secretos, omisión del deber de impedir delitos y tráfico de drogas, según confirman a este medio las fuentes consultadas.
Beneficios personales
Las mismas fuentes precisan que las investigaciones practicadas apuntan a que este grupo -que habría aprovechado su condición de agentes de la autoridad y su proximidad física con grupos criminales para explotar beneficios- se organizó para actuar contra estructuras criminales (en su mayoría dedicadas al tráfico de drogas) al margen de los protocolos de la Guardia Civil, lo que hizo activar las alarmas de los investigadores.
La Policía Judicial de la Policía Nacional arrancó las pesquisas y las desarrolló de forma conjunta con Asuntos Internos de la Guardia Civil al confirmar que entre los sospechosos había miembros del Instituto Armado. Fueron los propios agentes de Asuntos Internos los que practicaron las detenciones de los agentes y del resto de implicados.
