Justo cuatro meses después de que el Tribunal Supremo desacreditara a Gallardón y anulara su indulto al conductor kamikaze de la AP-7, la Audiencia Provincial de Valencia Seccion Cuarta ha acordado el ingreso en prision de Ramón Ríos Salgado para que cumpla la pena impuesta, según ha podido saber este periódico. La entrada está prevista para el próximo 21 de marzo.
El caso del kamikaze valenciano causó gran revuelo a principios del año 2013, después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, indultara al ejecutivo de Opel España Automóviles que había circulado durante varios kilómetros por la Autopista del Mediterráneo hasta que a la altura de Polinya de Xúquer embistió con todas sus fuerzas a José Dolz, de 25 años, que conducía junto a su novia y que murió en el acto. Los hechos ocurrieron en diciembre de 2003, y no fue hasta enero de 2011 cuando la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Ramón por un delito de homicidio a 13 años de prisión, sentencia que fue ratificada en diciembre de ese mismo año por el TC. Pero sólo estuvo 10 meses entre rejas, pues el 7 de diciembre de 2012 el Consejo de Ministros conmutó la pena de Ríos por una multa de 6 euros diarios durante dos años.
Los hechos ocurrieron en 2003, y hasta 2011 no hubo condena. Pero el kamikaze estuvo sólo 10 meses en prisión tras el indulto del ministro
La familia de Dolz no se dio por vencida y, teniendo que pagar las nuevas tasas que impuso el propio Ministerio de Justicia para los recursos (440 euros en este caso), indicaron al Tribunal Supremo su voluntad de recurrir el indulto, que conmutaba la pena de 13 años de prisión por la citada multa. La familia quería agarrarse a los motivos jurídicos: "Argumentamos la falta de motivación, la equidad y la falta de proporcionalidad". Argumentaban que no se tuvieron suficientemente en cuenta las opiniones contrarias al indulto, tanto de la Audiencia como de la Fiscalía, unos informes que al menos evitaron que el indulto del ministro de Justicia pudiera ser total, y se quedara en uno parcial.
La polémica del hijo de Gallardón
Las sospechas de abuso de poder eran claras, aunque la situación se enturbió aún más tras conocerse que un hijo del ministro de Justicia trabaja en el despacho Uría y Menéndez, que tramitó la petición de la medida de gracia. El abogado que defendió al 'kamikaze' fue Esteban Astarloa, hermano del diputado 'popular', Ignacio Astarloa.
Tanto el Ministerio como el propio Gallardón explicaron reiteradamente que el hijo del ministro no tuvo ninguna relación con el indulto al conductor kamikaze, que no estaba en España cuando se produjo la tramitación y además trabaja en el área mercantil del bufete, no en los casos penales.
La defensa del conductor kamikaze la realizó el despacho Uría y Menéndez, donde trabaja el hijo de Alberto Ruiz-Gallardón
Las explicaciones se produjeron después de que el PSOE solicitara a la Fiscalía que investigase si se había producido tráfico de influencias en la concesión de la prerrogativa y considerara que Gallardón se debería haber abstenido en la decisión sobre este 'kamikaze' que provocó además contusiones, fractura y heridas en la pareja del joven, de 21 años.
