Caso Koldo: la UCO se persona en el Ministerio de Óscar Puente y se lleva informes y un USB que salpican a Ábalos

La UCO requisó el pasado miércoles en el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente el informe de auditoría que implica a José Luis Ábalos en el caso Koldo. Los agentes de la Guardia Civil se personaron en las dependencias del Ministerio por orden del magistrado Ismael Moreno, a quien ya le han dado traslado del informe y de un USB con información adicional sobre el mismo.

Así se desprende de un oficio de la UCO, al que ha tenido acceso Vozpópuli en el que se detalla que el mismo día que el juez ordenó la diligencia, varios agentes de la Guardia Civil se personaron en la sede del Ministerio, en el Paseo de la Castellana, para requerir todo este material sobre la compra de mascarillas en plena pandemia que se investiga en el marco del caso Koldo.

A las 15.00 horas del 28 de agosto los agentes ingresaron en el recinto siendo recibidos por Encarna Sandonís, la directora del gabinete del ministro Puente. La que fuera su jefa de gabinete ya en el Ayuntamiento de Valladolid remitió a los agentes a la Dirección General de Organización e Inspección. Allí fueron recibidos por su directora Belén Villar, quien les hizo entrega del informe de auditoría sobre los primeros contratos con la empresa de la trama Koldo y de un USB.

Informes, un pendrive y la lista de funcionarios

Se trata de un informe de auditoría que ha hecho público el departamento de Puente y que apunta directamente a José Luis Ábalos en relación con las primeras órdenes de compra con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión. El documento en cuestión pone el foco en el exministro Ábalos por adjudicar a esta empresa los contratos de emergencia en los primeros compases de la pandemia y en el marco de los cuáles medió el comisionista Víctor de Aldama.

En concreto, analiza una primera orden de compra del 20 de marzo de 2020 por la que Puertos del Estado adquirió ocho millones de mascarillas (que en principio iban a ser cuatro) por 20 millones de euros y una segunda orden de 26 de marzo por la que se adquirió un segundo lote a la empresa que controla Juan Carlos Cueto. La primera compra la ejecutó Puertos del Estado y la segunda Adif; ambos entes dependientes del Ministerio de Transportes.

En concreto, se advierte que el entonces ministro Ábalos remitió el 20 de marzo desde la dirección de correo de su gabinete una orden al entonces subsecretario Jesús Manuel Gómez por la que se regulaba la compra de 4 millones de mascarillas. Este primer encargo, enviado a las 19.55 horas, fue anulado por una segunda orden remitida a la misma dirección de correo a las 20.33 horas por la que se duplicaba la partida a ocho millones de euros.

El informe de auditoría recoge que el cesado subsecretario de Transportes recibió el encargo del entonces ministro Ábalos para elaborar la orden para adquirir mascarillas

El documento ya está en la mesa del magistrado del caso Koldo quien, además, ha recibido cuatro informes parciales empleados para la elaboración de la auditoría y un USB. El mismo contiene 44 elementos, relacionados con estos primeros contratos para cuya adjudicación medió el entonces asesor del ministro, Koldo García.

Además, la directora general de Organización identificó a una decena de funcionarios que participaron en la elaboración de dicho documento que cuestiona las dos primeras órdenes de compra del Ministerio. La primera de ellas por duplicar de cuatro a ocho millones el número de mascarillas adquiridas (cifra que coincidía con la ofertada por Soluciones de Gestión) y la segunda porque no incluyó tan siquiera una previsión de distribución de las mascarillas adquiridas.

Comparecencias de Ábalos y de Puente

Cabe recordar que además de estos dos contratos, Soluciones de Gestión también vendió mascarillas al Ministerio del Interior y a los gobiernos de Canarias y Baleares que entonces presidían Víctor Ángel Torres y Francina Armengol. Se trata de expedientes que va a volver a investigar la Audiencia Nacional después de que el Tribunal Supremo haya resuelto otorgarle la competencia que solicitaba la Fiscalía Europea.

Las acusaciones que litigan en el caso Koldo han solicitado una batería de diligencias a tenor de este nuevo informe que señala a Ábalos como responsable de las adjudicaciones 'a dedo'. Así, la acusación que ejerce Liberum ha propuesto al juez Moreno que cite como testigo al ministro Óscar Puente para que explique en sede judicial los motivos por los cuáles ha cesado al subsecretario de su Ministerio, Jesús Manuel Gómez y también al que fuera director general de gestión de personas, Michaux Miranda.

Se trata de dos altos cargos imputados en el procedimiento y cuya comparecencia está prevista para la próxima semana junto con quien fuera secretario general de Puertos de Estado, Álvaro Sánchez Manzanares. Estos tres altos cargos de Transportes comparecerán en el caso de Koldo en su condición de investigado, mientras que también se espera que desfilen cerca de una decena de testigos.

La Abogacía en el caso Koldo

Cabe recordar que el juez está pendiente de resolver los recursos interpuestos por acusaciones como Liberum y el Partido Popular (además de la Fiscalía Anticorrupción) contra la personación en el procedimiento de la Abogacía General del Estado. Las acusaciones rechazan que los servicios jurídicos del Gobierno se personen para defender al exsubsecretario de Estado porque consideran que puede concurrir en un conflicto de intereses.

Por otro lado, Iustitia Europa, también personada en el caso Koldo, ha solicitado la imputación de Ábalos a tenor de los indicios recogidos en la auditoría. La asociación entiende que "existen indicios racionales y suficientes" de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, blanqueo de capitales y fraude administrativo.

De accederse a la solicitud, el juez Moreno tendría que remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, puesto que Ábalos está aforado por su condición de diputado. El político socialista, por su parte, mantiene su inocencia y arremete duramente contra la auditoría elaborada por el Ministerio que dirigió, asegurando que más que un informe parece "un tribunal de honor".