La regulación del cannabis es un eterno debate que entra y sale de la agenda mediática en España. Una controversia que, hasta el momento, se trataba desde el terreno moral y ético. Pero, en estos tiempos donde el Estado busca entre las piedras nuevas fuentes de financiación, el cannabis aparece como una alternativa para el aumento de las arcas públicas.
Una propuesta que ha tomado fuerza a raíz del reciente avance regulatorio del cannabis en Canadá. Desde este mismo verano, los canadienses mayores de edad podrán comprar cantidades limitadas de cannabis y productos derivados en establecimientos que hasta ahora se dedicaban a la venta de alcohol, que en Canadá son propiedad del Estado.
Un escenario que ya es posible en otras partes del mundo, como es el caso de los estados de Washington y Colorado (Estados Unidos). Precisamente, Colorado es, desde 2012, el gran banco de pruebas de la legalización del cannabis y donde representantes del sector extraen la mayoría de los datos para argumentar en el resto de países las bondades de abrir el proceso regulatorio.
Por ello, los últimos datos anuales que ofrece el estado de Colorado orientan sobre la magnitud del sector. En 2017, el cannabis tuvo unas ventas de 1.500 millones de dólares, 1.100 millones por su uso recreativo y 400 millones para uso medicinal. Una facturación que generó 247 millones de dólares en impuestos directos.
Esta cifras sirven de punto de partida para la plataforma Regulación Responsable, uno de los lobbys más importantes del sector en España, para dibujar el impacto de la regulación en el país. “Si tenemos en cuenta que Colorado tiene una población que es 8,5 veces menor que la española, sólo en impuestos, la estimación apunta que se podrían recaudar más de 2.100 millones de dólares que, al cambio actual, supondría 1.900 millones de euros para las arcas públicas”, indica Bernardo Soriano, portavoz de Regulación Responsable y abogado de S&F.
Sin duda, un montante apetecible para financiar parte de las políticas expansivas que tiene el nuevo Gobierno sobre la mesa. “Con estos 1.900 millones de euros se podría, por ejemplo, igualar las pensiones al índice de precios al consumidor (IPC)”, apunta Soriano. El sector del cannabis también estima que se podrían generar unos 38.000 puestos de trabajo, y la regularización “permitiría recortar la inversión en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dedicados a lidiar con mafias y tráfico ilegal, sobre todo, en el sur de España”, añade.
Respaldo político
El debate del cannabis ronda las cámaras legislativas. Aunque todavía sin mucha fuerza. El pasado lunes, el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, anunciaba su apoyo a la legalización, tras el avance en Canadá. La formación morada es, sin duda, el grupo que más fuerza ha hecho en la legalización del cannabis, tanto para su uso recreativo como medicinal.
Pero no es el único. Ciudadanos presentó en febrero de 2017 una proposición en el Congreso para regularizar el uso del cannabis porque el uso terapéutico del cannabis. Esta tendencia también sería respaldada por el PSOE, aunque todavía no se ha posicionado de manera rotunda. Un acuerdo de la posición de los partidos de Iglesias, Rivera y Sánchez que se materializó en las Cortes Valencianas el pasado 6 de junio.
El Parlamento autonómico realizó una Proposición No de Ley pactada por PSOE, Compromís, Podemos y Ciudadanos y aprobada por el pleno de la Cámara insta al Gobierno a "realizar la modificaciones legales oportunas para regular el autocultivo para uso personal y que se modifiquen todos aquellos aspectos legales necesarios para que deje de ser sancionable y se dote de un estatus legal procedido".
Un avance que para el sector todavía está lejos de materializarse. “Se agradecen las palabras de Pablo Iglesias y la posición de Podemos. También somos muy positivos con Ciudadanos, sobre todo, después del avance de un ‘colega’ suyo como es Justin Trudeau en Canadá. Las dudas giran sobre el PSOE, que siempre que ha podido avanzar en materia de regulación, no lo han hecho. Por último, el PP no se va a bajar del concepto “es droga y mala” y no esperamos ningún avance en ese sentido”, describe Bernardo Soriano.
Regulación Responsable señala que la vía política es la única salida, ya que “la vía legal está muerta”, valora su representante. Una afirmación que se basa en la situación que viven las asociaciones de fumadores que permitía el consumo compartido de cannabis en ciertos clubes de manera regulada. “La represión comenzó con la famosa instrucción del fiscal general del Estado, dependiente del Gobierno, que elevó las penas a cinco años a estos clubs a base de sumarle al delito contra la salud pública la acusación de asociación ilícita", concluye Bernardo Soriano.
Empresas millonarias
Pese a los problemas políticos y legales del cannabis en España, el sector ya cuenta imperios empresariales en el país gracias a este producto. Este es el caso de Pot Sistemak. Esta empresa afincada en Gipuzkoa cuenta con cinco marcas dedicadas a la venta de semillas y de productos vinculados al autocultivo. Según los datos del registro mercantil, en 2016, su cifra de negocio alcanzó los 18 millones de euros.
En Madrid tiene su sede Leaf Life. Un distribuidor de productos al por mayor relacionados con el cultivo del Cannabis. En 2016, su facturación alcanzó los 12,7 millones de euros.
Tanto las ventas de Leaf Life como de Pot Sistemak crecen a doble dígito con respecto a 2015. “Son empresas que ya pagan impuestos, la seguridad social de sus empleados y logran una facturación millonaria con un producto que en teoría es ilegal”, valora Bernardo Soriano.
Ambos constituyen dos ejemplos de un tejido empresarial del cannabis en España. Un sector que muestra músculo en sus cuatro ferias anuales que celebra en el país, donde miles de visitantes nacionales y extranjeros pasean por sus estantes. Otra evidencia más de que el negocio existe, ahora sólo falta decidir si interesa o no su regularización.
