España

El letrado del Congreso cesado por la amnistía: "Para mí es claramente inconstitucional"

Manuel Fernández Fontecha considera que la futura ley no tiene encaje constitucional y genera una discriminación por motivos ideológicos. Además vincula su criterio a su cese en la Comisión Constitucional

  • Pleno del Congreso de los Diputados -

El letrado de Congreso purgado por su criterio contrario a la amnistía, Manuel Fernández-Fontecha, considera que la futura ley es "claramente inconstitucional". El letrado, a quien le cesaron de un día para otro sin explicaciones de la Comisión Constitucional que iba a estudiar el texto, abrirá la vía judicial si la Mesa del Congreso no atiende lo solicitado en su recurso, en el que explica que "no caben más chapuzas" en todo lo relativo a su cese.

En declaraciones a Vozpópuli Fernández-Fontecha considera que la proposición de ley que anulará todas las causas del procés no hubiera pasado el filtro bajo su criterio porque choca contra varios preceptos de la Carta Magna. Entre ellos destaca el artículo 9.1 de la Constitución según el cual los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

El jurista, que lleva 47 años ejerciendo en la cámara y que es, a día de hoy, el segundo letrado por antigüedad, comparte el criterio que los servicios jurídicos de la cámara baja plasmaron en su informe de 2021, cuando ERC solicitó tramitar la amnistía para librar a sus miembros de todas las causas del procés.

"Tengo un criterio clarísimo contra la amnistía"

Al respecto, sostiene que la amnistía es "un problema esencialmente constitucional". Según recalca, no es una ley, sino una medida, por lo que la norma que busca borrar más de diez años de procés se trataría de una "aprobación bajo la cobertura de una ley". Además, considera que el contenido de la proposición redactada por el PSOE y sus socios independentistas, colisiona con varios preceptos de la Carta Magna.

Entre ellos destaca el citado artículo 9.1 según el cual existe un deber de cumplimiento de todas las las normas de nuestro ordenamiento. "Esto es incompatible con la amnistía porque la amnistía dice que no hay deber de cumplimiento. Dice que entre 2012 y 2023 no existió tal deber", explica. Por ello recalca que tiene un "criterio clarísimo" contra la futura ley.

La amnistía y el indulto no tienen nada que ver. La amnistía es una ley que en el mismo momento que entra en vigor no se puede tumbar. Se constituye como norma penal más favorable.

Además de las dudas sobre su encaje legal, Fernández-Fontecha cuestiona también el diseño de la amnistía. A su juicio, la proposición de ley que busca librar del banquillo a Carles Puigdemont y exonerar a Artur Mas u Oriol Junqueras "es el arquetipo de discriminación por ideología". Los efectos de la ley determinan que será beneficiado el que la tiene frente al que no la tiene, que está sujeto a los derechos y deberes que le impone la Constitución.

Esta situación de manifiesta desigualdad abre la puerta a que otros ciudadanos soliciten también que se les aplique una medida de este calibre, la cual verá la luz tras las anteriores cesiones del Gobierno a sus socios independentistas. Estas son: el borrado del delito de sedición del Código Penal y la rebaja de la malversación de caudales públicos.

Con la amnistía no cabe recurso

Además, el letrado que fue adscrito a la Comisión de Calidad Democrática, avisa que la amnistía y el indulto (figura esta última contemplada en la Constitución)- "no tienen nada que ver". Además de las diferencias entre el perdón de una pena (indulto) y el perdón del delito (amnistía), el letrado advierte que la amnistía es una ley que cuando se publique en el BOE no se va a poder tumbar.

Cuando la ley entre en vigor -escenario que se contempla para la próxima primavera- se constituirá como la norma penal más favorable. "El efecto de un recurso es cero", avisa. Así pues, esta imposibilidad de recurrir los efectos que introducirá la ley se traduce también en que, en caso de reproche penal de los tribunales europeos, el efecto real de su pronunciamiento será prácticamente nulo.

Frente a este criterio el nuevo secretario general y letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, dio el plácet a la tramitación de la norma el pasado mes de noviembre, apuntando que la proposición que registró el PSOE en solitario carecía de "defectos formales" que impedían su tramitación. La misma se tramitará por la ley de urgencia, lo que evitará que se recaben los preceptivos informes del Consejo Fiscal, el Consejo del Estado o el CGPJ.

"No caben más chapuzas"

Precisamente, la tramitación de la proposición de ley se produjo en paralelo a su sorpresivo cese como letrado de la Comisión Constitucional del Congreso. Fernández-Fontecha ha recurrido este movimiento ante la Mesa del Congreso aunque, en caso de que la respuesta sea desestimatoria, abrirá la vía para actuar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Manuel Fernández-Fontecha en una imagen de archivo

El letrado atribuye su purga a Galindo, según consta en el recurso al que ha tenido acceso este medio. Del mismo se desprende que no es cierto que se le cesara porque solicitó ir a la Comisión de Justicia sino que, tras conocer su salida de la Comisión en la que ha ejercido como letrado titular desde la pandemia, propuso, como alternativa, acudir a Justicia.

Al hilo recoge jurisprudencia para demostrar que este tipo de ceses deben estar motivados, si bien entiende que esta maniobra responde exclusivamente a su criterio sobre la amnistía y al intento de que así lo manifestara en la proposición de ley del PSOE. "Es evidente que nada de esto se puede afirmar de la resolución de cese, pues se limita a suprimir en la lista la adscripción por omisión. No hay motivación sino acto fáctico de poder", reza parte de su escrito.

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