Los servicios jurídicos del Parlament han elaborado una propuesta de reforma del reglamento de la cámara catalana que permitiría blindar a la presidenta de la institución, Laura Borràs, ante una eventual apertura de juicio oral o ante un posible procesamiento judicial contra ella. El informe de los letrados llegará este martes a la Mesa del Parlament.
El pasado mes de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proseguir con la investigación que el Tribunal Supremo abrió a Borràs por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, justo antes de su salto a la política a finales de 2017.
El informe que recibirá este martes la Mesa, titulado "Propuestas jurídicas y técnicas de reforma del reglamento" y al que ha tenido acceso Efe, consta de 244 páginas e incluye una sugerencia que podría ser clave dada la situación personal de Borràs.
En la sección dedicada a las "causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios", el informe sugiere la modificación del artículo 25 del reglamento de la cámara para eliminar el apartado 4. Este apartado -que quedaría eliminado- establece que "en los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento de ello, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".
También se propone eliminar la posibilidad, contemplada dentro de este mismo artículo 25, de que los diputados puedan ser suspendidos "si es firme el auto por el cual se abre juicio oral contra ellos o se acuerda su procesamiento, dada la naturaleza de los hechos imputados". Según el razonamiento de los letrados, el apartado 4 que quedaría eliminado "no tiene ningún precedente ni referente" en el derecho parlamentario y contempla una causa de suspensión del ejercicio de un derecho fundamental -como es el de la participación política- que presenta "serias dudas de constitucionalidad respecto a la presunción de inocencia, que también es un derecho fundamental.
Suspensión de los diputados
En su lugar, proponen otro redactado para este artículo, que establecería que "el pleno del Parlament puede acordar, por mayoría absoluta, la suspensión de los diputados" en caso de que hayan sido "condenados por sentencia firme a una pena de privación de libertad que los imposibilite asistir a las sesiones plenarias".
La propuesta de los letrados también prevé que la tramitación del acuerdo de suspensión se podría "iniciar a petición del diputado afectado o de un grupo parlamentario" y requeriría la aprobación de un dictamen motivado de la Comisión del Estatuto de los Diputados".
El informe es fruto del acuerdo adoptado por la Mesa -presidida por Borràs- el pasado 1 de septiembre, cuando decidió solicitar a los servicios jurídicos un documento con propuestas de revisión técnica de los artículos del reglamento parlamentario que planteasen "problemas de aplicación o interpretación".
El documento sugiere incorporar un título preliminar introductorio para proclamar que el Parlament "es inviolable y solo puede ser disuelto antes del fin de la legislatura en los supuestos establecidos por el Estatut", una medida para evitar la situación que se dio en 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy disolvió el Parlament tras la declaración unilateral de independencia y convocó elecciones con el artículo 155 de la Constitución.
Además, la propuesta de reforma contempla que los órganos parlamentarios puedan tener sesiones "en otros sitios" fuera del Palau del Parlament, situado en Barcelona, si así lo acuerdan la Mesa y la Junta de Portavoces.
