El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por el sindicato Jupol contra el Ministerio del Interior por la concesión de cuatro condecoraciones pensionadas a comisarios jubilados de la Policía Nacional. El juez ha citado a ambas partes a una vista que se celebrará el próximo mes de marzo en la que esclarecerá la legalidad en el reparto de las condecoraciones.

Las medallas al mérito policial con distintivo de plata suponen un incremento del 15% en la pensión mensual que reciben los méritos jubilados, señalan desde el sindicato. A juicio de Jupol, la concesión de estas cuatro condecoraciones obedece a "una actuación administrativa tomada a capricho y conveniencia, de manera arbitraria y solo basándose en el deseo de la Administración", por lo que ha presentado la demanda contra el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, el sindicato policial considera que las distinciones de los cuatro comisarios jubilados se ha llevado a cabo sin atender a los criterios establecidos en la Ley 5/1964 de condecoraciones oficiales, donde se detallan los criterios y el procedimiento a seguir para las propuestas de ingreso en la orden del mérito policial.

El juez pide un informe a Interior

Según el sindicato, la concesión de las medallas a los cuatro comisarios jubilados "no se rige por la normativa vigente y no cumple con los requisitos marcados en la misma para la concesión de este tipo de
medallas", por lo que pide su anulación.

La Justicia ha requerido al Ministerio del Interior que aporte los expedientes administrativos por los que se ha aprobado la concesión de las distinciones a los cuatro comisarios jubilados en un plazo máximo de veinte días. El juez, tras admitir la demanda del sindicato, ha citado a los representantes de Jupol y de Interior en una vista que se celebrará el 16 de marzo.

La concesión de las condecoraciones que año tras año concede el Ministerio del Interior es uno de los asuntos que provoca el malestar de sindicatos representativos, que piden al Ministerio del Interior que actualice la normativa que actualmente rige la norma, redactada en 1964, y se establezcan unas condiciones en base a "criterios objetivos" para reconocer la labor de los agentes en servicio.