Nuevo choque entre letrados de la Cámara Alta. La reforma de la Ley Orgánica 7/2014 impulsada en el Congreso por el Gobierno y socios independentistas, con el 'ingenuo' beneplácito del Partido Popular y Vox, dejó a los de Feijóo ante un duro reto, que el Senado salvó con la aprobación de un veto 'in extremis'. La oposición debía frenar, o al menos hacer un último intento, la tramitación de una modificación legislativa que permitirá que etarras como 'Txapote', 'Gadafi' o 'Anboto' puedan beneficiarse de rebajas de prisión. La forma de hacerlo fue la aprobación de un veto sui generis, que ahora podría desembocar en un conflicto de competencias con la Cámara Baja.
El anuncio de Pedro Rollán, en el que se detallaba que el rechazo del Pleno se entendía como un veto del Senado al texto, y por ello se devolvía al Congreso, pilló a muchos con el pie cambiado. Según confirman fuentes del seno del cuerpo Letrado a Vozpópuli, el aval de la Secretaría General del Estado a la decisión del PP no ha sido bien recibido entre algunos de los funcionarios que componen los servicios jurídicos de la Cámara Alta.
El informe firmado por la Secretaría General del Senado daba plena legitimidad para devolver la reforma impulsada por el Gobierno al Congreso, a pesar de que en su tramitación el PP no incluyó ningún veto ni enmienda. "Un rechazo por mayoría absoluta del Pleno del Senado es un acto que ha de tener el efecto jurídico de un veto, por haberse acordado con carácter final y global, con la consiguiente devolución del texto al Congreso de los Diputados", razonaba el texto.
Argumentos jurídicos
El documento defiende que "ni en la Constitución ni en el Reglamento de la Cámara se prohíbe la existencia del veto no presentado como tal formalmente". Por eso, los expertos entienden que lo más correcto para salvaguardar el correcto funcionamiento del poder legislativo "debe primar la voluntad real manifestada por la Cámara frente a una aplicación del Reglamento del Senado que, por excesivamente rígida y formalista, no sea conforme con la Constitución".
Dicho argumento ha sido rechazado por varios letrados del Senado que ya han comunicado su malestar ante la Secretaría General. Las discrepancias dentro del cuerpo Letrado parten, principalmente, por dos motivos: en primer lugar, respecto al encaje jurídico por este veto excepcional aprobado por el Senado y, segundo, por la forma de tramitación. Y es que, según reconocen a este medio las voces consultadas, algunos senadores conocieron que el texto sería remitido de nuevo al Congreso gracias a un "oficio de veto", una vez ya se había votado en el Pleno.
"Hay una parte del cuerpo que está muy a disgusto y considera que la decisión de la Secretaría General es un procedimiento que no tiene encaje ni en el Reglamento del Senado ni la Constitución", comenta una de las voces consultadas. De esta forma, al igual que ha defendido este martes la Mesa del Congreso, parte del cuerpo jurídico de la Cámara Alta entiende que se ha utilizado un "subterfugio jurídico extraño" para salvar 'in extremis' una reforma abocada a su aprobación.
Entre los argumentos esgrimidos por las voces críticas del Senado destaca el hecho de que el veto impulsado por el Partido Popular carezca de una "justificación explicativa", tal y como se recoge en el artículo 107 del Reglamento del Senado. Según fuentes letradas, en este caso, se ha remitido el diario de sesiones del Pleno a modo de exposición razonada, un hecho sin precedentes y que supone una "aberración jurídica".
Voluntad real del Senado
Por su parte, la Secretaría General, si bien reconoce que el procedimiento seguido en este caso es "inédito", sostiene que "sería excesivamente formalista ignorar la voluntad real del Pleno del Senado de rechazo del texto por una aplicación de los preceptos reglamentarios que regulan el procedimiento legislativo en el Senado". "Cuando el artículo 90 de la Constitución solo exige para el veto una votación por mayoría absoluta en el Pleno de la Cámara Alta, no cabe entender que los preceptos del Reglamento que regulan el procedimiento legislativo son más restrictivos que la dicción literal de la propia Constitución", recoge el escrito.
Por el momento, la Mesa del Congreso ha tomado la decisión de rechazar el veto del Senado y ha enviado el texto de la reforma aprobada por la Cámara Baja al Boletín Oficial del Estado. La decisión de la mesa presidida por Francina Armengol llega después de que hayan escuchado a los servicios jurídicos del Congreso, cuyo dictamen aún no se ha hecho público.
Ahora queda por ver cuál será la posición a seguir por la Cámara presidida por Pedro Rollán y si se decide elevar un choque de competencias al Tribunal Constitucional. Tras el revés de Armengol, la pelota está en el tejado de los 'populares' que con su mayoría absoluta en el Senado podría aprobar un conflicto de atribuciones entre el Congreso y el Senado.
