España

Vox, Cs y PP pedirán un dictamen de la ley del catalán para impedir su aprobación

El PSC ha pactado con ERC y con Junts una nueva legislación para eludir aplicar la sentencia del 25% del castellano en las aulas de Cataluña dictada por la Justicia

  • El líder de Vox en Catalunya, Ignacio Garriga. -

Vox, Cs y PPC llevarán la proposición de ley sobre el uso de las lenguas oficiales en las escuelas de Cataluña registrada por PSC, ERC, JxCat y comunes al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) para frenar su aprobación, prevista para el próximo viernes al mediodía. El PSC ha pactado con ERC y con Junts una nueva legislación para eludir aplicar la sentencia del 25% del castellano en las aulas de Cataluña.

En rueda de prensa, el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, ha justificado la participación de su grupo en esta iniciativa -hasta ahora habían rechazado acudir al CGE por no reconocer este organismo autonómico- por la "gravedad" del texto presentado, que en su opinión constituye un "asalto a la legalidad".

Fuentes parlamentarias han explicado que el CGE dispondrá de siete días hábiles para dictaminar si la iniciativa legislativa se ajusta al Estatuto y la Constitución a partir del día siguiente en el que se registre la solicitud.

Esas mismas fuentes apuntan a que estos partidos disponen de margen hasta el viernes para formalizar su petición de dictamen ante el CGE.

Votación de la nueva ley

Si Vox, Cs y PPC esperan hasta el último momento, será prácticamente imposible que el pleno pueda votar la nueva ley antes de que expire el plazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que fijó el 31 de mayo como fecha límite para la ejecución forzosa de la sentencia que obliga a las escuelas a ofrecer el 25 % de clases en castellano.

Estos tres grupos consideran que el texto legislativo acordado por PSC-Units, ERC, Junts y En Comú Podem, que establece que el catalán será lengua "vehicular" en la escuela y el castellano lengua de "uso curricular", relega a esta última lengua y, por tanto, no garantiza el cumplimiento de la sentencia del TSJC.

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