El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ofrecido formalmente, a los promotores, encargarse de organizar el acto de homenaje a los policías y guardias civiles que lucharon contra ETA y que iba a celebrarse el 25 de abril en el Wizink Center, y está a la espera de respuesta.
Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por la información del diario 'El Mundo' que señala que fue el Gobierno quien impidió que se celebrase dicho homenaje.
"Si el Gobierno no quiere hacer un homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la Guardia Civil o a la Policía Nacional por el fin de la banda terrorista ETA, pues lo haremos nosotros", señaló la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ayer en una entrevista en radio.
López ha apuntado que si son ciertas las informaciones hay que "deplorarlo en nombre de la sociedad madrileña". "Hasta ahora no hemos tenido ningún comunicado del Ministerio del Interior desmintiendo las informaciones publicadas", ha declarado.
El Gobierno vetó el homenaje a ETA
El Gobierno de Pedro Sánchez frenó el que iba a ser el primer acto de homenaje a los policías y guardias civiles que vencieron a la banda terrorista ETA. En el acto iban a intervenir tanto miembros y agrupaciones del Instituto Armado como sindicatos policiales e, incluso, la Casa Real, que había mostrado su intención de respaldar el acto.
Sin embargo el Gobierno de coalición no dio luz verde al rey Felipe VI para asistir y, tras el rechazo por parte del Ejecutivo, la Casa Real declinó la invitación.
Fue dos semanas antes del homenaje cuando los organizadores del mismo recibieron la comunicación de que Moncloa no autorizaba la presencia del monarca, pero sin ofrecer los argumentos que motivaron la decisión.
El rechazo de Sánchez se producía en un momento convulso para su legislatura, había salido a la luz del presunto espionaje con el 'spyware' Pegasus, que indignó a los independentistas y votaron en contra de su real decreto con medidas económicas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania.
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