La forma de comunicación entre los jóvenes ha cambiado para siempre. Las redes sociales se han apropiado de nuestras vidas y han acabado por convertirse en el principal medio de interacción entre los menores de edad. El acceso a todo tipo de contenido a través de Internet favorece a la exposición de adolescentes y niños a problemas como el cibercrimen. Ahora, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para la protección digital de menor con el objetivo limitar los efectos que este entorno digital provoca sobre los más jóvenes.
Entre las primeras medidas a adoptar se encuentran la implementación de un control parental en aparatos electrónicos, elevar de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales o modificar el Código Penal para tipificar como delito el 'grooming' (engañar a un menor con intenciones sexuales a través de Internet), entre otras. No obstante, los expertos consultados por Vozpópuli, entienden que la ley impulsada por los socialistas es insuficiente y que no aborda la raíz del problema.
Esta es la posición defendida por la abogada Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital, quien critica que el texto de este anteproyecto de ley está plagado de alusiones a las medidas que deben adoptar los usuarios, en vez de centrar las restricciones sobre las empresas que ofrecen sus productos en la red. "Se habla constantemente de la responsabilidad de los menores y sus progenitores, derivando en muchos casos cuestiones que corresponden a las grandes tecnológicas. Hablar de uso responsable de un menor, cuando detrás de la pantalla hay un algoritmo y responsabilizarle a él de su uso, sinceramente, es un abuso", señala.
La portavoz de la AETD subraya que el texto promovido por el Ejecutivo "no va a la raíz del problema" que es el mayor problema es la falta de regulación de las grandes tecnológicas y sus "prácticas persuasivas y manipuladoras" a las que los menores son especialmente vulnerables. Para Caballero, la solución pasaría por fomentar la creación de un entorno jurídico en el que "exista una inversión en la carga de la prueba para que sean las empresas quienes, por ley, tengan la obligación de probar que sus diseños no privan a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar o que no interfieren su ordenado desarrollo físico, psíquico o social".
En la misma línea se posiciona el juez decano de Toledo, José Ramón Bernacer, quien entiende que "no basta" con que se impulsen normativas como esta desde el poder ejecutivo. El magistrado sostiene que la prevención debe iniciarse mucho antes y que debe pasar "por la educación", especialmente, entre los padres para que puedan crear en sus hijos una idea más cercana a la realidad de las redes sociales.
Menores víctimas de delitos sexuales
El titular del Juzgado de Menores Número 1 de Toledo insiste en que lo que más "preocupa el aumento de menores víctimas de delitos relacionados con la libertad sexual". Y es que, los datos compartidos por el Ministerio del Interior reflejan una realidad "alarmante, "si miras el porcentaje de víctimas menores en delitos de cibercrimen, por ejemplo de estafas online, el porcentaje no llega al 2%, sin embargo, si hablamos de delitos sexuales se eleva hasta el 84%. Si hablamos de acciones de este tipo en redes sociales la víctima mayoritariamente son menores", comenta.
En 2022, 954 menores fueron víctimas de delitos sexuales cometidos a través de Internet. La red se ha convertido en una ventana de engaño y captación para miles de niños que pueden sufrir este tipo de abusos por parte de adultos o, incluso, otros menores de edad.
"El material de explotación sexual infantil inunda Internet. Un ejemplo son las imágenes generadas por Inteligencia Artificial que consiguen recrear las aberraciones más perversas escapando a la censura", comenta la criminóloga Beatriz Izquierdo. Este fue el caso de las menores de Almendralejo en el que varias menores fueron víctimas de falsos desnudos creados con esta tecnología.
Los retos que plantea ante la ley la Inteligencia Artificial
Después de que la Unión Europea aprobase la primera ley para controlar la IA, el Gobierno de España intenta limitar el acceso de los menores a estas tecnologías para evitar que expongan a los peligros de la misma. Sobre ello, los expertos consultados entienden que "es imposible" que la legislación o el Código Penal Español se adelanten a la nueva realidad tecnológica que va cambiando día a día a pasos agigantados.
Izquierdo señala la existencia de otra "gran lacra" presente en Internet: el 'grooming'. "El manual del perfecto pedófilo que instruye sobre cómo seducir, manipular y violentar a nuestros menores. Pero, sobre todo, allí se encuentran millones de imágenes y vídeos de niños y niñas que han sufrido el crimen más execrable", explica. Por ello, Ana Caballero defiende que las instituciones tienen que darse cuenta de que las restricciones deben imponerse a las grandes tecnológicas y no tanto a los usuarios. "La batalla niños, niñas y adolescentes contra algoritmos está claramente perdida por los menores, pero aún así se les responsabiliza".
No obstante, las voces consultadas valoran positivamente que desde el Gobierno se intente dar respuesta a una problemática que ya está tan extendida a nivel internacional. Desde Save The Children, defienden que el anteproyecto de ley para la protección en el entorno digital del menor "reconoce beneficios además de riesgos y tiene un enfoque de infancia con el que se buscan medidas educativas y sanitarias, así como penales, manteniendo la creencia de que es necesaria una educación en un uso responsable de Internet".
Sin embargo, Catalina Perazzo, directora de incidencia social de la ONG, matiza que para que este anteproyecto sea efectivo tiene que traducirse en medidas reales que cuenten con un presupuesto legislativo. Además, al igual que otras voces consultadas, entiende que estas medidas deben aplicarse desde diferentes ámbitos -jurídico, educativo, mediático- y hacerse de manera equitativa a nivel nacional.
