Antes de partir hacia el Parlamento Europeo, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha dejado un ‘regalo envenenado’. Se trata del nuevo Reglamento General de Costas, que modifica la Ley de 1988 y al que el Consejo de Ministros espera dar luz verde antes del verano. El contexto de aprobación de esta normativa no podría ser más polémico, en pleno viraje del caso del Algarrobico, por lo que no es de extrañar que el proyecto de Real Decreto haya cosechado alrededor de 2.000 alegaciones.
Ecologistas en Acción ha presentado 36 enmiendas a otros tantos artículos y disposiciones del reglamento. “Comparando el antiguo y el nuevo, todos los cambios van en la misma dirección”, señala Lola Yllescas, responsable de Litoral y Costas de la asociación ecologista, en declaraciones a Vozpópuli. En este sentido, considera que esta modificación de la ley de 1988 nace para “posibilitar actividades económicas” y como una “amnistía urbanística”.
“No hay una sola modificación que vaya a aumentar la protección del litoral”, denuncia Yllescas. Entre las medidas que más ampollas han levantado se encuentra precisamente la que salvaría a muchas construcciones ilegales. Si la ley de 1988 establecía una franja de dominio público de 100 metros en la que no se podía edificar, el nuevo reglamento la reduce a 20 metros. Además, estos terrenos pasarían automáticamente a ser suelo urbano, con lo que el Ministerio de Agricultura invade competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas, que son quienes deciden las recalificaciones de suelo.
El nuevo reglamento invade competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas
Estas construcciones, que con la ley de 1988 serían ilegales, cuentan además con un plazo de dos años para regularizar su situación, teniendo a su favor el silencio administrativo. Para legalizarse, estas edificaciones deben estar consolidadas y contar con “acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica”, según indica el reglamento.
Un centenar de municipios se verían beneficiados por esta modificación legislativa, la mayoría de ellos en Canarias (47). Estas localidades han solicitado al Ministerio su permanencia en la costa, y la respuesta debería llegar antes del 1 de abril de 2015. En caso de silencio administrativo, se considerará que la respuesta del departamento que dirige Cañete es positiva.
Explotación económica de las playas
Los chiringuitos también saldrán beneficiados con la modificación. Los que estén ubicados en playas urbanas podrán permanecer todo el año, mientras que en las playas naturales, sin acceso para el tráfico rodado, estarán permitidos durante la temporada turística, que será decidida por las propias comunidades autónomas. “Hay territorios, como Canarias, donde la temporada turística dura todo el año”, recuerda Yllescas, que teme que las playas acaben convertidas en un “centro comercial”.
Además de estas ventajas, el nuevo reglamento favorece la concentración de chiringuitos, al permitir que puedan tener una superficie total de hasta 300 metros cuadrados (200 de edificación, 70 de terraza y 30 para los aseos) y sólo 150 metros de separación unos de otros. Las mismas limitaciones se aplican a las instalaciones deportivas, a las que además se permite tener bares.
El Ministerio de Agricultura ignoró las recomendaciones de la defensora del pueblo
Este punto de la ley ignora las recomendaciones de la defensora del pueblo, Soledad Becerril, que pedía, entre otras cosas, que los chiriguitos fueran desmontados cuendo finalizara la temporada turística. Pese a que el Ministerio anunció que incorporaría al reglamento las recomendaciones de Becerril, las más duras (como que los daños a las playas no prescriban o que los terrenos que queden desprotegidos no lo sean por criterios urbanísticos) han sido ignoradas y las que han sido recogidas se han 'aligerado'.
Privatización del litoral
Entre las 140 páginas del reglamento, Yllescas denuncia la presencia de "disposiciones totalmente descaradas" destinadas a favorecer determinados intereses personales. Es el caso de Formentera, "con cáracter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla" según el texto. La disposición aidicional sexta establece que los terrenos de esta isla que pasaron a ser de dominio público con la ley de 1988 por encontrarse en zona de servidumbre regresarán a sus anteriores propietarios. "Abel Matutes y su familia tienen 42 salinas que a partir de ahora pasan a ser privadas", señala Yllescas.
En concreto, el reglamento establece que "aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de terrenos que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen formar parte del dominio público serán reintegrados en el dominio de aquellos bienes". La familia del exministro recuperará también salinas en Cádiz "que con la ley anterior pasaron a dominio público y ahora vuelven a ser privadas". "En Cádiz los salineros perdieron 69 de 70 pleitos, y el que ganaron fue por un defecto de forma", recuerda la portavoz de Ecologistas en Acción.
Esta ley no existiría "si el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente fuera realmente conservacionista", protesta. "Habíamos logrado conservar la costa como pública y eso se va a acabar".
