El Gobierno sustituyó primero a la Guardia Civil y hará lo mismo con la Policía. En 2012, el Ejecutivo cocinó su plan de privatización del servicio de seguridad perimetral de instituciones penitenciarias, una remodelación sin precedentes que lleva servida en la mesa desde mediados de este año, momento en el que los vigilantes privados desembarcaron en una veintena de centros penitenciarios para sustituir a un número significativo de efectivos de la Guardia Civil en trabajos auxiliares como la vigilancia del perímetro exterior de las cárceles o el control de las cámaras de seguridad. El siguiente cuerpo en ser relegado en estas tareas en aquellas cárceles de su competencia será la Policía Nacional. El Gobierno ha suscrito un contrato con la Unión Temporal de Empresas mediante el cual adjudica la prestación de servicios de apoyo a la seguridad en 21 centros penitenciarios por los que pagará 7.391.547 euros. Esta cantidad supone un incremento del 100% del gasto actual, según un informe de la Unión Federal de Policía (UFP) presentado este viernes.
El proyecto piloto entrará en vigor en 2014 y durará 9 meses, momento a partir del cual el Gobierno valorará si continuar o no
Se trata de un proyecto piloto de 9 meses (entrará en vigor en 2014) que incluye la creación de 56 puestos de trabajo de 24 horas y uno de 12 (un total de 254 trabajadores) y cuyos beneficiarios son las empresas Ombuds, Coviar, Seguriber, Prosegur Segur Ibérica, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinsa Alentis, constituidas en una UTE. Según los cálculos de la UFP, esos 7.391.547 euros por los que se licitó el proyecto suponen un presupuesto mensual de algo más de 820.000 euros a repartir entre aproximadamente 254 trabajadores. Una sencilla división basta para calcular el coste mensual por cada trabajador. El resultado es 3.233 euros al mes, una cantidad muy alejada de los 1.100 euros del salario medio de un guardia de seguridad y de los 1.600 de un agente de Policía Nacional. Como se intuye que los vigilantes de seguridad no van a dejar de tener un sueldo precario para pasar a cobrar más de 3.000 euros, se deduce -apuntan desde la UFP- que las empresas tendrán un margen de beneficio de algo más de 2.000 euros. Con estas cuentas, la agrupación policial concluye que estos servicios cuestan más del doble que la seguridad pública.
Ombuds Compañía de Seguridad, por ejemplo, no es nueva en esto de los negocios con el Gobierno. La empresa, una de las más potentes del sector, fue junto a Prosegur, Seguriber, Vinsa y Prosetecnisa, una de las adjudicatarias de la primera fase de la privatización de la seguridad exterior de las prisiones -sin concurso público, por cierto-. Además, el Ministerio de Defensa la contrató para prestar el servicio de vigilancia y seguridad con armas en hospitales y centros sanitarios militares durante el año 2013 adjudicándole ocho de los diez lotes, por un importe total que ronda los tres millones de euros. Además, cinco de estas empresas son las que más personal tenían empleado a la protección de políticos en País Vasco y Navarra.
Las empresas privadas ganarán algo más de 2.000 euros mensuales por cada vigilante en los centros penitenciarios
Reubicación de escoltas
Tras el anuncio del cese de la actividad de ETA y el consecuente alivio de amenaza terrorista, el Gobierno activó el programa de reubicación de escoltas. En total, Interior redujo en un 55% el número de escoltas privados en País Vasco y Navarra, al pasar de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central y que protegían a cerca de 200 personas. El ministro Jorge Fernández Díaz ofreció la vigilancia auxiliar de las prisiones a cerca de 400 escoltas sin trabajo dentro del plan de reordenación de los servicios de protección.
En ese momento el sindicato de funcionarios CSIF ya advirtió que Interior vulneraba con esta medida el Reglamento Penitenciario, que en su artículo 63 señala que "la seguridad exterior de los establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", y el artículo 9.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público que "establece que al funcionario público le corresponde ejercer funciones que supongan la participación en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los interés generales del Estado y de la Administraciones Públicas".
Críticas a la Ley de Seguridad Privada
"Si la ley de Seguridad Privada ve la luz tal y como ha salido del Congreso estaremos ante un cambio encubierto del modelo policial en el que los perjudicados serían los ciudadanos y los beneficiados los intereses empresariales de las compañías de seguridad", denuncia Javier Arrillaga, secretario general de la UFP, quien recordó que tanto los sindicatos, como los medios y los grupos de la oposición llevan alertando de los peligros de esta ley desde el mes de septiembre. Al igual que otras agrupaciones policiales y el Instituto Armado, insiste en que esta normativa "se trata de una privatización de la seguridad pública" que se va a llevar a cabo "mientras nuestras plantillas siguen congeladas y nuestras condiciones de trabajo empobrecidas".
Critican que si lo que se persigue es un cambio de modelo se haga mediante una Ley de Seguridad Privada que distorsiona la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugar de modificar la normativa
Critican que si lo que se persigue es un cambio de modelo, éste se produzca no con modificaciones de la normativa, sino mediante una Ley de Seguridad Privada que añade un operador más de seguridad a la ya de por sí "distorsionada" Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, y aunque la UFP muestra su absoluto rechazo a la nueva ley del Gobierno, se felicitan por que el proyecto de ley al que dio luz verde el Congreso con los votos de PP, CiU y PNV haya suavizado el carácter de agente de la autoridad que en un primer momento se quiso otorgar al personal de seguridad privada, algo que tildan de "aberración jurídica". Aun así, urgen al Gobierno a clarificar "lagunas" del texto como las relativas a las cesiones de datos entre las Fuerzas de Seguridad y las empresas privadas (artículo 15), o lo relativo a las funciones de los vigilantes (artículo 32) que, según la UFP, deberían limitarse a meras labores de vigilancia y control.
Propuesta impulsada por los nacionalistas catalanes
La idea de que que personal de empresas de seguridad privada se encargase de la vigilancia exterior de las cárceles españolas y su acceso, siempre bajo la dirección de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, nació de CiU. En mayo de 2012, la proposición no de ley fue debatida en la Comisión de Interior del Congreso a iniciativa de CiU, que finalmente acordó con el PP instar al Gobierno a incluir esta idea en la reforma de la Ley de Seguridad Privada, en ese momento pendiente de desarrollar.
