¿Debe la Ley de Transparencia permitir la fiscalización de la agenda del Rey? Ese es el gran debate que hay sobre la mesa respecto a la inclusión o no de la Casa Real en la Ley de Transparencia. No se trata tanto de una cuestión sobre el empleo de la asignación anual que recibe don Juan Carlos, como sobre si toda su actividad, sin exclusión, puede ser sometida a escrutinio público, según ha podido saber Vozpópuli.
Los distintos ministerios que proveen servicios a la Casa Real quedarán bajo el control de la nueva Ley que se debate en el Congreso, de forma que sólo quedaría fuera la asignación anual que recibe el Rey y su agenda y no faltan en el Gobierno los que opinan que abrir en canal la agenda puede ser un error. Esa se ha convertido en la gran cuestión a dilucidar en un asunto de gran calado político del que ya se debatió, y mucho, tras el accidente de don Juan Carlos en Botsuana, el grado de conocimiento que del mismo tenía el Gobierno y si se sabía en compañía de quién estaba.
Hoy por hoy, Zarzuela se limita a comunicar parte de su agenda pública, audiencias y viajes oficiales de los Reyes y de los Príncipes de Asturias. Al margen quedan, por ejemplo, los habituales encuentros que don Juan Carlos mantiene con el líder de la oposición, los agentes sociales y los empresarios o los desplazamientos privados, a sabiendas de que todas la semanas se entrevista con el presidente del Gobierno.
Por otro lado, se conoce el montante total de la asignación que recibe la Casa del Rey, que para ese año es de 7.933.710 euros, así como la parte que va en salarios para don Juan Carlos y don Felipe, 290.752 y 145.376 respectivamente, de los que una parte importante de los mismos va a gastos de representación. 260.000 euros van destinados también a los gastos de representación de la Reina, la princesa Letizia y la infanta Elena puesto que la infanta Cristina no participa en actos oficiales, de los que ha quedado apartada por el estallido del 'caso Urdangarín'. Con el resto de la asignación la Casa del Rey paga las retribuciones, cuotas y prestaciones de todo el personal a cargo de la Casa además de los gastos de funcionamiento, suministros, gastos de protocolo, dietas, gastos de transporte y otros de representación.
La asignación que recibe la Casa del Rey no está sometida siquiera a fiscalización del Tribunal de Cuentas, misma situación en la que están Congreso y Senado
El problema es que el uso y destino de este presupuesto no está sometido a fiscalización del Tribunal de Cuentas, pero pasa lo mismo con el del Congreso y el del Senado. Además, al margen de la asignación de la Casa, el Ministerio del Interior asume las cuestiones de Seguridad y Exteriores los gastos de viajes y visitas oficiales. Ambos departamentos, sí quedarán en su caso, bajo el control de la Ley de Transparencia.
La Ley avanza en el Congreso de los Diputados ahora en fase de consulta a expertos y catedráticos dentro de la comisión Constitucional. Frente a la propuesta inicial del Ejecutivo, se abre la puerta a que partidos y sus fundaciones queden controladas por ésta, así como sindicatos, organizaciones empresariales y aquellas que reciban fondos públicos, lo que pone el foco en la Iglesia pero muy especialmente en la Casa Real. Como ya adelantó este medio, Moncloa está a la espera de una señal de Zarzuela para abrir la Ley a que haya una mención explícita a la Casa Real, quien tiene la última palabra aunque fuentes de Palacio se limiten a comentar al respecto que “estaremos a lo que diga el Gobierno”.
