El pleno del Congreso ha debatido este jueves las enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. La vicepresidenta aprovechaba para anunciar mejoras en el texto de la futura ley aunque no aclaró nada sobre cómo se desarrollarán esos cambios.
Dos de las principales asociaciones que luchan por la transparencia -Acces Info Europe y Fundación Ciudadana Civio- han lamentado que la tramitación del proyecto siga siendo opaca y de espaldas al ciudadano. "No podremos valorar estas medidas hasta no conocer los detalles del redactado", comenta Victoria Anderica, coordinadora de campaña de la primera. "¿Cómo será ese órgano de control independiente que anuncian? ¿Qué mandato y funciones tendrá? ¿Cuál será el nivel de presupuesto público necesario para que a una empresa se le apliquen los criterios de la ley? El Gobierno debería publicar el texto actual para que todos podamos conocer hacia dónde avanza realmente esta ley", añade.
Anderico se refiere a la creación de un Consejo para la transparencia y el buen gobierno, sin concretar ningún detalle más sobre su funcionamiento, mandato, composición, independencia y potestades.
Ambas asociaciones consideran que el Gobierno ha dejado clara su intención de no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, basándose en las posturas del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que datan de antes de 2003. Esta decisión es opuesta a las directrices de los tribunales internacionales de derechos humanos, que han reconocido más recientemente el carácter fundamental de este derecho lo que plantea serias dudas sobre la decisión del Ejecutivo.
Para ellas, uno de los puntos más importantes, y que no ha sido tratado en el Pleno, es el artículo 15 de la norma que excluye del alcance de la ley muchos tipos de información -como notas, informes internos o comunicaciones internas-. De no dar marcha atrás en este aspecto, podría suponer para España la imposibilidad de suscribir el Convenio del Consejo de Europa de Acceso a Documentos Oficiales, cuya definición de información es más amplia y resulta incompatible con estas exclusiones.
"De nuevo el proceso de tramitación de esta norma está siendo totalmente opaco", apunta David Cabo, director de Fundación Ciudadana Civio, quien recuerda que el Gobierno no accedió a dar a conocer las más de 3.600 aportaciones de la consulta pública. También critica Cabo que Soraya Sáenz de Santamaría haya afirmado durante el debate que ellos se aplican ya los criterios de transparencia "cuando su propio ministerio no responde a las preguntas sobre la propia ley de transparencia".
El Gobierno ha aprovechado para comunicar que la Casa Real, el anco de España, los partidos políticos, las organizaciones sindicales, la patronal y todas las entidades que cuenten con una inversión de dinero público 'relevante', cuyas cuantías están por definir, estén incluidos en las mismas condiciones que los órganos constitucionales afectados por la ley.
