Las palabras sobre el futuro de la reforma del aborto que pronunció el pasado martes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un corrillo con periodistas en el Congreso de los Diputados, ya han tenido su encaje en la bancada popular. Si bien desde el Ejecutivo se dejó claro, al término de la conversación informal, que la ministra de Presidencia en ningún momento se refirió a que la reforma iba a ser aparcada o "metida en un cajón" sino pospuesta a otras, como la del Código Penal, parlamentarios del Grupo Popular todavía tienen sus dudas. Principalmente, esgrimen, porque "al no priorizar la reforma de la 'ley Aído' se está dando a entender que se quiere ganar tiempo para conocer la decisión del Tribunal Constitucional" sobre el recurso presentado por el PP contra la normativa del anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Así, los interrogantes han resurgido en las filas populares, ya que, recalcan las fuentes consultadas, "el hecho de ralentizar los cambios y esperar al TC no guarda consonancia con la votación celebrada en el Congreso hace tan sólo dos meses”. El pasado 7 de mayo, el Pleno de la Cámara Baja rechazó, con el voto del PP, UPN y Foro de Asturias, una moción presentada por el PSOE que pedía al Gobierno que esperase al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra a la Ley del Aborto de 2010.
La iniciativa socialista sí contó con el apoyo de los diputados de Convergéncia, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC, BNG, Compromís y Amaiur. Por su parte, diputados de UPyD, integrantes de Uniò y la diputada de Coalición Canaria (CC) Ana Oramas, se abstuvieron. En esta ocasión ya se evidenció cierta disparidad de opiniones en el seno de los populares, cuando la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, se negó a participar en la votación al no compartir el argumentario de la defensa de la posición de su partido.
Gallardón es consciente de que la última palabra sobre aguardar o no al fallo del TC la tendrá el Gobierno al completo, que decidirá de "forma colegiada"
Con todo, desde el Gobierno indicaron ayer que no hay que dar por sentado que el Ejecutivo aguardará a la resolución del Tribunal Constitucional. Está abierta cualquier posibilidad. Quien sí tiene clara su postura es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha llegado a defender en sede parlamentaria que no es necesario esperar al fallo del máximo intérprete de la Carta Magna. El pasado marzo, Gallardón se mostró en contra de esa espera en una intervención en la Comisión de Justicia del Senado al afirmar que el Constitucional ya se ha pronunciado "hasta tres veces" al respecto. Fuentes de su departamento apuntaron a Vozpópuli que Gallardón es consciente de que la última decisión sobre aguantar o no el texto normativa hasta conocer el articulado de la sentencia del TC la tiene el Gobierno, pues se tomará de “forma colegiada”. Será entonces cuando el ministro de Justicia se oponga al aplazamiento ante el resto de integrantes del gabinete de Rajoy.
Uno de los dirigentes populares que encabeza ese sector del partido que quiere ya un nuevo texto sobre la materia en tramitación parlamentaria es el portavoz de la delegación española del Grupo Popular Europeo, Jaime Mayor Oreja, quien se reunió el pasado mayo con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para abordar esta cuestión. El ex ministro de Interior transmitió al jefe del Ejecutivo el sentir de un amplio grupo de compañeros y le pidió que no dé aquí ni un solo paso atrás, en cumplimiento del programa electoral que le otorgó la mayoría absoluta.
