La Defensora de Pueblo, la popular Soledad Becerril, se reunió recientemente con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y con el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, para exigir el fin efectivo de los alzamientos de las viviendas a aquellas familias que no han podido hacer frente a los pagos de hipoteca, en cumplimiento de la reciente reforma de la Ley, al tiempo que ha reclamado de todas las entidades financieras que estuvieran abiertas a buscar una salida negociada con sus deudores.
El encuentro con Fainé tuvo lugar el 19 de junio pasado, y lo hizo acompañada de su adjunto, el socialista Franscisco Fernández Marugán. Pocos días antes hizo lo mismo con Miguel Martín, según ha podido saber Vozpópuli. En su agenda de reuniones también ha estado el gobernador del Banco de España, Luis Linde, con el que ha tratado no sólo el tema de los desahucios, sino también para reclamar de éste que exigiera a las entidades financieras el fin de las cláusulas suelo de los créditos hipotecarios y que abordara el problema de los preferentistas, tres cuestiones sobre las que estará muy vigilante la Defensora del Pueblo y de las que ha recibido cientos de reclamaciones ciudadanas.
En el capítulo de la comercialización de preferentes, la oficina de la Defensora reclamó sendos informes al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya presidenta, Elvira Rodríguez, también les recibió junto a varios directores generales. Becerril no ha dudado en afirmar públicamente que "aquí ha habido decenas de miles de personas que han sido engañadas y que no sabían qué era lo que se les estaba ofreciendo, y creo que ni el mismo empleado de la caja o banco sabía muy bien qué ofrecía". En este sentido, ha reclamado un arbitraje "universal e independiente" que permita a los afectados recuperar su dinero.
La Asociación Española de Banca ha remitido una circular a las entidades financieras recomendando la aplicación del código de buenas prácticas
La petición de Becerril respecto al proceso de alzamiento de viviendas de familias deudoras dio como fruto una circular que la Asociación Española de la Banca se comprometió a remitir a sus asociados en la que recomendaban "informar al deudor, al iniciar el procedimiento de ejecución o lo antes posible en los que ya estén en curso, de la posibilidad de continuar en la vivienda tras la finalización de aquel en caso de que reúna y acredite el cumplimiento de las condiciones previstas para ello", al tiempo que les recordaba "la obligación de las entidades de informar de la existencia del Código de Buenas Prácticas y de su contenido concreto a los deudores que se encuentran en dificultades de pago".
Asimismo, Soledad Becerril ha venido reclamando que se amplíen las facultades de los jueces para que puedan parar, llegado el caso, el proceso de desahucio, abrir además la puerta a una "segunda oportunidad" para que las familias puedan hacer frente al pago de sus deudas, instaurar la figura del "deudor de buena fe" y eliminar los intereses de demora abusivos.
Desde la oficina de la Defensora advierten que "no vamos a soltar los temas económicos" al tiempo que hacen alarde de tener un equipo muy bueno, con preparación jurídico-económica, para abordar estos asuntos.
