El juez que instruye el caso Lezo rechaza archivar la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exdirector del Puerto de Cadiz Albino Pardo Rodríguez. Entre los argumentos que esgrime, avala las grabaciones incautadas al exdirectivo de OHL Paulino Hernández Ros en las que figura el nombre de Pardo Rodríguez y constan "pasajes expresivos que resultan indiciariamente compatibles con la ejecución del delito" de cohecho que se le atribuye en la investigación sobre las presuntas mordidas de responsables de la constructora.
Pardo Rodríguez es uno de los seis políticos investigados en la pieza por el presunto cobro de comisiones ilegales supuestamente abonadas por OHL a cambio de adjudicaciones de contrato de obra pública. Según consta en el auto de 28 de mayo de 2019, adelantado por este diario, se le acusa de un delito de cohecho. Hace un año, en el marco de las pesquisas, fue citado a declarar como imputado.
Ahora, en un auto de 17 de junio al que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado responde al escrito presentado por la defensa del investigado en el que pedía el sobreseimiento de las actuaciones. El letrado alegaba que no se habían acreditado los hechos que serían presuntamente constitutivos de delitos. El juez desestima la petición y mantiene las diligencias.
Los audios de Albino Pardo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 subraya que en la causa obran, entre otras pruebas, archivos de audios incautados a un exdirectivo de OHL bajo el nombre "Albino Pardo 06 jun 07 12-17-01", "AlbinoPardo-Marques de Comillas", y "Albino-Marques de Comillas". Y acredita que "resultan incidicariamente compatibles" con el delito de cohecho que le atribuye la Fiscalía anticorrupción.
Además, el juez sostiene que aún "subsisten aquellos indicios de criminalidad que motivaron la apertura de diligencias judiciales". E insiste en que todavía no ha concluido la investigación: recuerda que está "pendiente del análisis de toda la documentación solicitada" por el Ministerio Fiscal y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
La decisión del magistrado responde a un escrito de la Fiscalía que en el que avisa a la defensa de que la instrucción va dirigida precisamente a "averiguar si el investigado logró la aprobación indebida" de contratos, "lo que, como ya se ha dicho, es compatible con lo expresado en algunas conversaciones grabadas".
"Práctica generalizada"
La investigación que se sigue contra Pardo Rodríguez tiene lugar en el marco de las pesquisas que lleva a cabo la Audiencia Nacional en las que se analizan varios contratos de obra pública adjudicados en Andalucía, Extremadura, Canarias y Madrid entre 2003 y 2014. Estos podrían haber sido amañados previo pago de comisiones ilegales por un valor de 38,6 millones de euros, según la contabilidad intervenida por orden judicial en el domicilio de Paulino Hernández Ros, quien fuera director de control de gestión de la constructora y principal sospechoso en esta investigación.
La Fiscalía y la Guardia Civil aseguran que indiciariamente los hechos investigados revelan una "práctica generalizada de abono de comisiones a funcionarios públicos por parte de responsables del Grupo OHL para la adjudicación de determinadas obras públicas en todo el territorio nacional".
En el marco de las pesquisas en la Audiencia Nacional, OHL ha contratado los servicios del despacho Baker & McKenzie para que lleve a cabo una investigación sobre los empleados y exempleados de la empresa investigados en esta pieza. Desde la constructora han insistido en que se investiga a personas naturales y no a la compañía.
